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En un giro argumental digno de una telenovela de la tarde, o quizás de un recordatorio para quienes aún creen en los unicornios fiscales, el Ministerio de Educación de San Juan ha decidido que es imperativo volver a insistir en que las inscripciones para el ciclo lectivo en las instituciones de gestión estatal son… ¡gratuitas! Sí, leyó bien. Como el aire que respiramos, pero con menos impuestos. Parece que la idea de que "gratis" significa "sin costo" no termina de calar en todos los rincones del ecosistema educativo provincial.

La cartera ministerial, con la paciencia de un maestro de primaria explicando por décima vez la tabla del dos, remarcó que esta condición se aplica a todos los niveles y modalidades del sistema. Y, para sorpresa de absolutamente nadie (o quizás de algunos), aclaró que "ningún equipo directivo puede exigir el pago de dinero como condición para la inscripción, ni por este concepto ni por ningún otro trámite administrativo". Porque, aparentemente, el sentido común y la legalidad a veces necesitan un empujón con megáfono. Es como si tuviéramos que recordar que el sol sale por el este, pero con un comunicado oficial.

Esta epifanía no es una novedad del siglo XXI, ¡ni mucho menos! La gratuidad de la educación pública estatal tiene su DNI: la Ley Provincial Nº 6416, sancionada en 1993. Sí, en el lejano 1993, cuando los Walkman eran el pináculo de la tecnología y Carlos Saúl Menem era presidente. Y esa ley, en su artículo 1º, deja clarísimo que hasta el "boletín de calificaciones, certificaciones y cualquier otro trámite" es gratis. O sea, ni por el certificado de buena conducta para entrar al club del barrio le pueden cobrar. Que la ley sea de hace más de 30 años y aún tengamos que hablar de esto, nos invita a reflexionar sobre qué tan buenos somos en recordar lo que no nos conviene.

Así que, estimados directivos, el Ministerio les solicita, con una mezcla de súplica y advertencia tácita, que den "cumplimiento estricto a la normativa vigente". Y a las familias, si por casualidad les ofrecen la oportunidad de hacer una "contribución voluntaria obligatoria" o un "bono solidario indispensable", los invitan a "informarse y consultar ante cualquier duda". Porque en un país donde hasta el dólar tiene infinitas cotizaciones, la gratuidad de la educación debería ser una de las pocas certezas.

Para que no queden excusas de "no sabía a quién llamar" (como cuando el técnico de cable nunca llega), el Ministerio publicó una lista de teléfonos. Un verdadero batallón de líneas para denunciar cualquier intento de cobro por lo que la ley ya declaró gratis. Si le exigen un pe$o por respirar en el aula o por la fotocopia del reglamento interno, no dude en marcar. Quizás del otro lado le atienda alguien que aún se sorprende de que tengamos que seguir explicando esto en 2024.
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