Privatización en marcha: el Gobierno transfirió represas estratégicas a la Secretaría de Energía

Redacción Cuyo News
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El presidente Javier Milei firmó este lunes un decreto que autoriza la venta de acciones de cuatro importantes represas hidroeléctricas, actualmente bajo control de Energía Argentina S.A. (Enarsa). La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y representa un paso clave dentro del plan de privatizaciones impulsado por la Casa Rosada.

Represas en proceso de privatización

Los complejos incluidos en la disposición son: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Las acciones de estas sociedades serán transferidas a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, que luego llevará adelante la venta mediante un concurso público nacional e internacional.

El decreto establece que las concesionarias actualesAES Argentina, Enel Generación El Chocón, Orazul Energy Cerros Colorados y Central Puerto— podrán continuar operando las represas hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se adjudique la licitación, lo que ocurra primero. Para ello, deberán adherir al nuevo esquema en un plazo de cinco días.

Condiciones de transición y garantías

En caso de rechazar la adhesión, las empresas estarán igualmente obligadas a asegurar la generación de energía por al menos 90 días hábiles, garantizando así la continuidad del servicio. Además, deberán cumplir con los contratos originales de concesión firmados en 1993, mantener una garantía de 4,5 millones de dólares, pagar regalías a las provincias de Neuquén y Río Negro, y permitir el ingreso de nuevos actores al proceso licitatorio.

Próximos pasos

El Ministerio de Economía, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será responsable de definir las condiciones de venta y lanzar el proceso de licitación en un plazo máximo de 60 días corridos. La normativa no contempla preferencias para oferentes nacionales ni programas de propiedad participada, lo que habilita la participación plena de capitales extranjeros.

Si bien el Estado mantendrá un rol de veedor en los complejos hidroeléctricos, no tendrá injerencia en la operación ni en el mantenimiento de las instalaciones.

Esta medida se enmarca dentro de la estrategia de reducción del aparato estatal promovida por el Gobierno nacional, y busca avanzar en la reconfiguración del mapa energético mediante la apertura al capital privado de activos estratégicos.

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