En una sesión cargada de tensión política y maniobras tácticas, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto que obliga al Gobierno nacional a repartir automáticamente el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La iniciativa, impulsada por los gobernadores, recibió 143 votos afirmativos, 90 en contra y 12 abstenciones. Si bien el resultado fue contundente, no alcanzó los dos tercios requeridos para evitar un eventual veto presidencial, que ya fue anticipado por Javier Milei.
Qué cambia con esta ley
Hasta ahora, la distribución de los ATN era discrecional por parte del Poder Ejecutivo, lo que generaba tensiones entre Nación y provincias. Con esta ley, el Gobierno queda obligado a transferir el 1% de la recaudación nacional directamente a los gobernadores, aplicando los criterios establecidos en la Ley de Coparticipación Federal (23.548).
La cifra no es menor: se estima que el monto total rondará el billón de pesos este año. La ley busca garantizar que esos recursos lleguen diariamente y sin demoras a las administraciones provinciales, evitando que dependan de la voluntad política del Ejecutivo nacional.
Voto dividido y expectativa de veto
El respaldo al proyecto fue amplio pero no unánime. Los votos afirmativos provinieron principalmente de Unión por la Patria, bloques provinciales, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. En cambio, el oficialismo, junto al PRO y sectores de la UCR, se opusieron. Las 12 abstenciones provinieron de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y una legisladora chubutense.
Desde el Gobierno nacional ya se adelantó que el presidente Javier Milei vetará la norma, al considerar que limita su margen de maniobra sobre los fondos nacionales. De concretarse el veto, será necesaria una nueva votación con mayoría calificada para insistir en la ley.
Un debate que profundiza la tensión Nación-Provincias
La aprobación de este proyecto se inscribe en un contexto de creciente tirantez entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales. Los gobernadores vienen reclamando mayor previsibilidad financiera y acusan al Ejecutivo de manejar los fondos discrecionalmente. Esta ley representa, para ellos, una herramienta para recuperar autonomía y planificación presupuestaria.
Resta saber si el Congreso insistirá ante un eventual veto, o si la puja por los fondos volverá al tablero de negociación política. Por lo pronto, los gobernadores celebran una victoria legislativa que, al menos por unas horas, los puso en control del control remoto del presupuesto federal.
