El proyecto de financiamiento universitario, impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), obtuvo dictamen favorable en el Senado tras su tratamiento en el plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda. La propuesta busca elevar el presupuesto destinado a las universidades nacionales al 1% del Producto Bruto Interno (PBI).
Una iniciativa en defensa del sistema universitario público
El objetivo central del proyecto es garantizar el sostenimiento y funcionamiento de las universidades estatales. Para ello, propone cubrir gastos operativos, salarios docentes y no docentes, incorporar al básico sumas no remunerativas, habilitar paritarias y crear fondos especiales para carreras estratégicas.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el fortalecimiento de la transparencia institucional. El texto dispone que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice un control externo periódico de las universidades y eleve sus informes al Congreso Nacional, en respuesta a los debates sobre uso de fondos públicos que marcaron la agenda de 2024.
Eduardo “Wado” de Pedro, presidente de la Comisión de Educación, defendió el dictamen al señalar que la medida busca “garantizar la protección, sostenimiento y financiamiento de las universidades en un contexto de urgencia”.
Apoyos, críticas y un veto anunciado
Desde el radicalismo, el senador Martín Lousteau recordó que los salarios docentes y las transferencias presupuestarias se encuentran un 30% por debajo respecto a 2023, lo que dio origen al conflicto universitario que aún se mantiene. En la misma línea, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) destacó la importancia de sostener la universidad pública en todas las provincias: “Debemos darle oportunidades de crecimiento a miles de jóvenes en todo el país”.
El oficialismo, sin embargo, mantuvo su postura crítica. El senador Ezequiel Atauche (LLA) fue tajante: “La prioridad del Gobierno es mantener el déficit cero”, y consideró inviable cualquier propuesta que implique un incremento del gasto público.
Aunque el proyecto avanza en el Congreso, el presidente Javier Milei ya anticipó que lo vetará en caso de ser convertido en ley, al considerarlo incompatible con su política de ajuste fiscal. El debate continúa entre quienes defienden la inversión en educación superior y quienes priorizan el equilibrio financiero por sobre las demandas del sistema universitario.
