Auditoría en pensiones por discapacidad: el Gobierno reconoce que 500 mil beneficiarios están en riesgo

Redacción Cuyo News
7 min

Antes de ser desplazado por el escándalo de los medicamentos, Diego Spagnuolo dejó en marcha una auditoría sobre las pensiones por discapacidad que hoy se traduce en un ajuste de gran magnitud. En su informe ante el Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que unas 500 mil personas podrían perder el beneficio, debido a que nunca recibieron la notificación para someterse a los controles exigidos por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Un recorte planificado

El decreto 843/24, firmado por Federico Sturzenegger en septiembre, estableció que no recibir la citación es causal suficiente para la baja. De esta forma, el Gobierno argumenta que los beneficiarios no actualizaron su domicilio. Sin embargo, las metas del presupuesto 2025 confirman que el ajuste ya estaba previsto: de las 1.266.945 pensiones vigentes a principios de año, la proyección oficial es llegar en diciembre con apenas 749.451.

De acuerdo a lo expuesto por Francos, y a los documentos del presupuesto, la Casa Rosada había definido de antemano la reducción. Mientras Sturzenegger creó el marco legal, Spagnuolo ejecutó la auditoría. En audios filtrados, el exfuncionario asegura: «Bajar las pensiones es tarea mía».

Reclamos y malestar

En las últimas semanas, entre 200 y 300 personas por día se acercan a la sede central de la Andis, en la calle Yrigoyen, para reclamar por la pérdida de su pensión. “Muchos vienen porque fueron al cajero y se encontraron con que no les habían depositado. Entonces vienen a preguntar por ventanilla qué pasó. La cola da la vuelta manzana”, relató un trabajador del organismo.

Según empleados, las bajas se procesan de manera masiva desde una computadora, sin contacto con los beneficiarios. La política de recorte se profundizó con despidos dentro del organismo y con el antecedente de la gestión de Mauricio Macri, que ya había reducido el despliegue territorial.

Una auditoría cuestionada

Spagnuolo había lanzado la auditoría en octubre pasado con la promesa de detectar “casos irregulares”. Sin embargo, los resultados fueron mínimos: apenas 7.211 fallecidos que seguían cobrando y 9.027 renuncias voluntarias, dentro de un universo de más de un millón de pensiones.

En cambio, la auditoría complicó la vida de miles de beneficiarios que debieron someterse a nuevos estudios médicos, incluso en casos de discapacidades congénitas o enfermedades crónicas. Según un informe de ACIJ, más de la mitad de las cartas documento nunca llegaron a destino. Quienes sí fueron notificados debieron enfrentar viajes de cientos de kilómetros, falta de turnos o información confusa.

El rol de Andreani y los audios filtrados

Otra de las polémicas surgió por la licitación con Andreani, que se adjudicó contratos por más de 13 mil millones de pesos para el envío de cartas documento, dentro de una operación total de más de 20 mil millones. Como unas 500 mil cartas nunca llegaron, el Gobierno lo usa como argumento para justificar el recorte.

En audios filtrados, Spagnuolo se queja de que un funcionario enviado por Sturzenegger intervino en esa negociación. Además, mencionó la operación mediática con la “radiografía del perro”, un caso utilizado como ejemplo de pensiones mal otorgadas. “Mirá la comunicación, el pelotudo de Adorni… esa pensión no se otorgó”, se lo escucha decir.

De acuerdo a los datos presentados por Francos, hasta ahora el Gobierno ya recortó 111.463 pensiones, y el número sigue en aumento.

Críticas desde el sector

Para Belén Arcucci, directora del área de Discapacidad de ACIJ, la auditoría “fue una excusa para ajustar”. En su análisis, las bajas responden a un diseño que no tuvo en cuenta a las personas a las que estaba destinado. “Aunque el gobierno diga que hay miles de pensiones mal otorgadas, la realidad es que las bajas son arbitrarias y vulneran derechos fundamentales”, afirmó.

Resultados de la auditoría hasta ahora

  • De 997.654 cartas documento enviadas, 504.802 fueron devueltas.
  • 451.579 personas iniciaron los trámites.
  • 40.000 decidieron no auditarse pese a recibir la notificación.
  • El Gobierno ya recortó 111.463 pensiones.
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