El presidente Javier Milei oficializó el veto total a la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso con 158 votos afirmativos provenientes en su mayoría de bloques opositores. El Ejecutivo devolvió la norma al Parlamento mediante el decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde argumenta la falta de sustentabilidad financiera de la iniciativa.
El argumento oficial del veto
En el texto del decreto, el Poder Ejecutivo señala que “el proyecto sancionado no cumple con los recaudos legales”, y sostiene que la fuente de financiamiento prevista en el artículo 9º de la ley es “manifiestamente insuficiente” y “no configura una fuente real de financiamiento”. El documento también critica que la ley plantea una fórmula genérica, sin detallar de qué partidas se obtendrían los fondos o cómo se cubriría el gasto si los recursos proyectados fueran insuficientes.
En síntesis, el Gobierno optó por centrar su objeción en aspectos formales, sin abordar el contexto de crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas en todo el país.
La oposición define su estrategia
Ante el veto, la oposición analiza convocar una sesión especial el próximo miércoles con el objetivo de insistir con la sanción original. Para revertir el veto presidencial, deberá reunir una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, un desafío político de alta complejidad.
Universidades en pie de lucha
El anuncio del veto generó una respuesta inmediata de los gremios universitarios. Las organizaciones nucleadas en CTERA, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, FEDUN y UDA, entre otras, convocaron a un paro nacional universitario para este viernes 12 de septiembre. Mediante un comunicado, expresaron: “MILEI VETÓ. NOSOTROS VAMOS A DEFENDER LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO”.
Además, confirmaron que ya se está organizando una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, en defensa del presupuesto y el sistema de educación superior pública.
Otros vetos en la mira
La misma sesión en la que se aprobó la ley de financiamiento universitario también dio luz verde a dos proyectos adicionales: la declaración de emergencia en pediatría –en respuesta a la crisis del Hospital Garrahan– y el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. El Presidente anticipó que ambas iniciativas también serán vetadas, cuyo plazo de decisión vence este jueves.
En ese contexto, crece la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, mientras el sistema universitario y de salud pública continúa exigiendo respuestas concretas frente a una situación crítica.
