El presidente Javier Milei vetó este jueves la ley que establecía la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias según el criterio de coparticipación federal. La norma, aprobada por el Congreso con impulso de bloques opositores, había sido sancionada el pasado 20 de agosto en la Cámara de Diputados.
El decreto y sus implicancias
Con la firma del decreto correspondiente, el Poder Ejecutivo bloqueó formalmente la entrada en vigencia de la ley y giró el texto al Senado, que ahora tiene la posibilidad de intentar revertir el veto mediante una nueva votación. Desde la Casa Rosada argumentaron que la implementación de la norma pondría en riesgo el equilibrio fiscal que el Gobierno busca sostener como uno de sus pilares centrales.
El veto reaviva las tensiones entre la Nación y las provincias en torno al reparto de recursos. En los últimos meses, distintos gobernadores han manifestado su preocupación por el flujo de fondos nacionales, en un contexto de ajuste y recortes.
Diálogo político y veto: todo en el mismo día
La particularidad del caso es que el anuncio del veto se dio pocas horas después de la primera reunión formal de la llamada «Mesa Política Federal», impulsada por el oficialismo como un canal de diálogo con las provincias. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
En representación de las provincias estuvieron presentes tres gobernadores que se han mostrado cercanos al Gobierno nacional: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco).
La reunión buscaba recomponer los lazos políticos tras la derrota electoral del oficialismo en las elecciones locales de Buenos Aires. Sin embargo, el veto presidencial sobre un tema tan sensible generó sorpresa y malestar en varios sectores políticos, al considerar que se contradice con el espíritu de diálogo que se quiso proyectar.
Antecedentes recientes
No es la primera vez que el presidente Milei hace uso del veto presidencial para frenar iniciativas aprobadas por el Congreso. Ya había hecho lo mismo con la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, ambas con alto consenso legislativo.
La estrategia del Ejecutivo apunta a blindar el ajuste fiscal, incluso a costa de tensar la relación con sectores de la oposición e incluso con aliados circunstanciales. El futuro de la ley de ATN, como el del vínculo entre Nación y provincias, queda ahora en manos del Senado.
