El Tribunal Oral Federal Nº5 de San Martín dictó una condena ejemplar contra el empresario y militante de La Libertad Avanza, Marco Chediek, por incitar públicamente a la violencia y emitir amenazas contra dirigentes sociales y sindicales a través de redes sociales.
La causa: discursos violentos y amenazas públicas
La denuncia fue presentada en enero de 2024 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina Humana y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), luego de que Chediek publicara en sus redes videos en los que advertía que quienes protestaran contra el presidente Javier Milei “podían sufrir agresiones físicas”.
Entre los dichos más graves, se encontraba la frase: “podrían recibir disparos”, en referencia a líderes sociales que habían convocado a una de las primeras manifestaciones en oposición al gobierno libertario. El contenido fue interpretado como una clara incitación a la violencia colectiva.
Una condena que pone límites al discurso de odio
El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, estableció en su fallo que el imputado “excedió ampliamente la libertad de expresión” y que sus publicaciones buscaban “generar temor en las personas señaladas”. En consecuencia, determinó que es necesario “poner un límite a este tipo de manifestaciones” para resguardar el orden democrático.
La sentencia obliga a Chediek a pagar dos millones de pesos al Hospital Garrahan y otros dos millones al comedor comunitario Pequeños Valientes, ubicado en Benavídez. Además, deberá realizar tareas comunitarias en una institución designada por Cáritas.
Disculpas públicas y precedentes judiciales
Como parte de la condena, se ordenó a Chediek grabar un video en TikTok en el que deberá pedir disculpas públicas por sus amenazas y reconocer su responsabilidad. El propio acusado aceptó los términos del fallo y reconoció su culpabilidad.
Desde el CELS celebraron la sentencia como un precedente importante en la lucha contra los discursos de odio y recordaron que la libertad de expresión no ampara la violencia ni la intimidación. La decisión judicial fue bien recibida también por otros sectores del ámbito sindical y de derechos humanos, que ven en este caso un mensaje claro: las redes no son zonas liberadas para el odio político.
