La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos con pantallas en las escuelas primarias, salvo cuando sean requeridos con fines pedagógicos. La norma, que ya había sido sancionada por el Senado a comienzos de año, fue finalmente refrendada por la Cámara de Diputados provincial.
Una norma con respaldo transversal
La iniciativa fue producto de la unificación de dos proyectos presentados por Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) y Lorena Mandagarán (UCR – Cambio Federal), reflejando un consenso político poco frecuente. “Con esta norma buscamos mejorar la calidad educativa, favorecer la concentración en el aula y cuidar a nuestras infancias frente a la exposición temprana a las pantallas”, explicó Santalla desde su cuenta en la red social X. Al mismo tiempo, aclaró que la ley “no rechaza la tecnología”.
El senador de La Cámpora apuntó que el 54% de los estudiantes admite distraerse por el uso de dispositivos en el ámbito escolar. Además, remarcó que diversos especialistas advierten que la exposición precoz a las pantallas puede afectar la atención, el lenguaje y el desarrollo emocional en las infancias.
Campañas, carteles y comunidad educativa
Además de la restricción, la ley establece un marco para implementar campañas de prevención y educación digital. Entre otras medidas, se prevé la colocación de cartelería en los establecimientos educativos, con información clara sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas y recomendaciones para un uso responsable. El objetivo es involucrar a toda la comunidad educativa, incluidas las familias.
Con esta norma, Buenos Aires se convierte en la cuarta jurisdicción del país en adoptar este tipo de legislación, sumándose a la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta, aunque con matices particulares en cada caso.
Un alcance que abarca más de un millón de alumnos
La ley alcanzará a aproximadamente 1.560.000 alumnos de nivel primario y beneficiará indirectamente a 589.000 niños de nivel inicial, según datos del relevamiento 2025 de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. En total, la implementación tendrá lugar en unas 11.300 instituciones educativas, tanto públicas como privadas: 7.800 estatales y 3.500 de gestión privada.
