La firma regional Data 2000, reconocida por sus servicios de tarjeta de crédito en el ámbito local, denunció penalmente a dos exempleados por una presunta estafa que dejó un saldo de más de 6 millones de pesos faltantes en las cuentas de la empresa. La causa quedó radicada en la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafa, bajo la órbita del fiscal Guillermo Heredia.
Una auditoría interna destapó la maniobra
El escándalo comenzó a gestarse a fines de 2023, cuando comerciantes locales comenzaron a reclamar por pagos atrasados vinculados a operaciones realizadas con Data 2000. Ante esta situación, el directorio de la firma en San Juan ordenó una auditoría interna que estuvo a cargo del abogado Gustavo Sillero. El resultado fue revelador: se encontraron fuertes discrepancias entre lo que la empresa documentaba y lo que efectivamente se transfería a los comercios.
La investigación interna apuntó directamente a Roxana Isabel Flores, quien se desempeñaba como responsable del área de convenios con comercios, y a Enrique Gutiérrez, del área técnica. Según el informe, Flores era quien gestionaba los pagos y negociaba condiciones con los comerciantes, mientras que Gutiérrez habría sido el encargado de endosar cheques emitidos a nombre de terceros para luego depositarlos en su propia cuenta bancaria.
Cheques endosados y convenios sin control
Según consta en la denuncia presentada por el abogado Rubén Pontoriero, se identificaron cheques emitidos a favor de comercios como OCBA SAS, Rawson SRL y Sant Vicent SAS que nunca llegaron a destino. En su lugar, habrían sido depositados por Gutiérrez en una cuenta personal en un banco local. Además, se detectó la falta de documentación clave, como órdenes de pago y convenios firmados, lo que dificultó los controles administrativos internos y abrió sospechas sobre posibles adulteraciones de información.
El monto total de las diferencias detectadas asciende a $6.462.568. Por este motivo, Data 2000 solicitó a la Justicia una serie de medidas, entre ellas la citación de testigos y empleados, el levantamiento del secreto bancario sobre las cuentas involucradas y la aplicación de medidas precautorias para evitar nuevos perjuicios a la firma.
El caso continúa en investigación y se espera que en los próximos días el fiscal Heredia avance con las declaraciones testimoniales y peritajes bancarios, en busca de determinar la eventual responsabilidad penal de los exempleados denunciados.
