La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan ha dado a conocer un balance detallado sobre su labor, indicando que, hasta septiembre de 2025, se completaron 79 evaluaciones de Informes de Impacto Ambiental (IIA). Estos estudios correspondieron a proyectos mineros que se encuentran en diversas fases de desarrollo. Del total, 21 evaluaciones se destinaron a emprendimientos de prospección, 28 a la etapa de exploración y 30 a la explotación en pequeña escala.
La Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM), un área técnica bajo la órbita de la Secretaría, es la encargada de llevar adelante estas evaluaciones, en cumplimiento con el marco establecido por el Decreto 07-2024. La DEAM, utilizando su plantel de recursos técnicos, se aboca directamente a los proyectos de prospección, exploración y aquellos de explotación a menor escala. Por su parte, los emprendimientos mineros de mediana y gran envergadura son objeto de análisis por parte de la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM), un cuerpo colegiado conformado por especialistas de diversas dependencias estatales.
Complementariamente a la fase de evaluación, la Secretaría refuerza su accionar mediante la fiscalización y el control ambiental, una tarea encomendada a la Policía Minera. Este organismo tiene la responsabilidad de verificar en campo la estricta observancia de la normativa ambiental en vigor, además de monitorear los compromisos explicitados por las empresas en las Declaraciones de Impacto Ambiental que han sido aprobadas.
La policía minera y el control en terreno
Las estadísticas recientes revelan la intensidad de estas operaciones de fiscalización. Durante el año 2024, se concretaron 200 inspecciones, un número que se alinea con el promedio registrado en los últimos cuatro años. En ese lapso, la Secretaría reportó una única infracción. En lo que transcurre de 2025, la Policía Minera ya contabiliza 141 inspecciones realizadas.
La planificación es clave en esta área, y la Policía Minera estructura sus actividades a través de un Plan de Fiscalización Anual. Dicho plan abarca una amplia gama de inspecciones en proyectos, minas activas, canteras, plantas de procesamiento y otros emprendimientos mineros. Entre las funciones esenciales que desempeña este cuerpo, se pueden destacar:
- El control riguroso del acatamiento a la legislación nacional y provincial en materia ambiental minera.
- La verificación exhaustiva de las condiciones de higiene y seguridad laboral en cada una de las etapas de la actividad extractiva.
- La fiscalización de los requerimientos específicos consignados en las Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas.
- El asesoramiento proactivo a pequeños productores para la implementación de prácticas ambientales responsables.
- El relevamiento y sistematización de información estadística vinculada a la producción minera en la provincia.
- La realización de controles complementarios en higiene y seguridad laboral, en una labor coordinada con la Policía del Trabajo.
A través de estas diversas iniciativas y operativos, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero ratifica su inquebrantable compromiso con el desarrollo de una minería responsable, sólidamente cimentada en los principios del desarrollo sustentable.
