Argentina se posiciona como uno de los países con mayor potencial en proyectos de cobre, con una cartera que incluye cuatro de los doce desarrollos greenfield más grandes del mundo, concentrados principalmente en la provincia de San Juan. Sin embargo, la Ley de Glaciares (26.639), sancionada en 2010, genera una fuerte incertidumbre regulatoria que podría frenar inversiones estratégicas en el sector.
El cobre: clave para la transición energética
Según el analista Sergio Serrichio, el cobre supera al oro y al litio en potencial económico: representa el 75% de las inversiones comprometidas bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con una estimación que ronda los 30.000 millones de dólares.
Expertos como Gracelin Baskaran, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, señalaron que siete proyectos argentinos podrían producir hasta 1,2 millones de toneladas de cobre hacia mediados de la próxima década, lo que posicionaría al país como proveedor clave para la industria tecnológica y energética global.
El freno normativo: ¿qué se considera periglaciar?
El principal obstáculo radica en la ambigüedad de la Ley de Glaciares respecto a los “ambientes periglaciares”, cuya delimitación técnica aún genera controversias. El decreto presidencial 436/2025 y fallos anteriores de la Corte Suprema instan a una aplicación consensuada entre Nación y provincias, pero sin definiciones claras, los proyectos quedan en un limbo operativo.
El presidente Javier Milei anunció su intención de impulsar una nueva ley que devuelva la facultad de aplicación a las provincias. “Qué mejor que cada provincia determine qué es zona periglaciar”, afirmó, recogiendo una propuesta del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
San Juan, en el centro de la escena
La provincia ha sido señalada como el eje de esta nueva etapa minera. El gobernador Marcelo Orrego solicitó formalmente al Ejecutivo una reforma o un decreto reglamentario que garantice certidumbre jurídica y respalde la actividad sin vulnerar criterios ambientales. Benchmark Mineral Intelligence informó que gracias al RIGI y asociaciones estratégicas como la de BHP y Lundin en el Distrito Vicuña, San Juan mejoró su posición de la 34° a la 11° entre 82 distritos mineros del mundo.
En 2019, la Corte exhortó a avanzar en un acuerdo federal que permita aplicar la ley sin frenar el desarrollo. Desde la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) proponen que las provincias sean autoridad de aplicación sobre sus recursos naturales, respetando el principio de federalismo consagrado en la Constitución.
Proyectos congelados por falta de precisiones
El geólogo Mario Capello advirtió que una nueva ley podría demorar aún más las inversiones y propuso reglamentar artículos clave de la normativa actual, incluyendo definiciones científicas claras sobre ambientes glaciares y periglaciares, así como su significancia hídrica.
En 2012, los glaciólogos Pablo Wainstein y Matthias Jakob presentaron estudios técnicos en el Senado, pero sin respaldo legislativo suficiente para avanzar. Hoy, el contexto global y la necesidad de fuentes de cobre para baterías, vehículos eléctricos y energías limpias reavivan el debate.
Mientras Chile exporta más de 50.000 millones de dólares anuales en cobre, Argentina sigue sin una producción significativa. En opinión de referentes como Javier Robeto (Aldebaran Resources), la falta de certezas sobre qué zonas están protegidas frena no sólo la inversión, sino también la planificación productiva.
El desafío está planteado: avanzar hacia una reforma legal o reglamentación clara que permita desarrollar los proyectos sin poner en riesgo los ecosistemas. El cobre está, la demanda también. Lo que falta es decisión y precisión normativa.
