El automovilismo argentino sumó un nuevo capítulo fuera de las pistas. Diego de Carlo, expiloto de Turismo Carretera y actual propietario del equipo LRD Performance, fue detenido en el marco de una investigación federal por evasión impositiva millonaria y ocultamiento patrimonial, vinculada a un complejo entramado societario con base en la localidad bonaerense de Canning.
Una trama de evasión sistemática
La investigación está encabezada por la fiscal federal Cecilia Incardona y se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la firma Vetra S.A., una empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción.
De acuerdo con el expediente judicial, la empresa habría desarrollado entre 2018 y 2022 una maniobra para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto a las Ganancias. Según los cálculos periciales:
- 2018: evasión de $67.927.577,74
- 2019: evasión de $96.518.945,34
- 2020: evasión de $232.598.736,33
La firma tenía como responsable legal, al momento de la denuncia, a Carlos Gastón Greblo. El caso ya derivó en la detención de otras ocho personas y en la clausura preventiva de la estación de servicio Combustibles Canning YPF, la firma Casa Armando y el predio Don Armando Club de Campo.
Sociedades espejo y patrimonios inflados
Según los informes contables y el análisis de documentación, los imputados habrían utilizado un esquema de sociedades paralelas para desviar fondos, adquirir bienes sin respaldo económico y mezclar ingresos no declarados con activos formales. Esta maniobra es conocida como «confusión patrimonial» y consiste en disolver la frontera entre lo personal y lo empresarial con fines de ocultamiento.
Los investigadores detectaron que varios imputados figuraban como empleados en una firma y a la vez como directivos o firmantes de cheques en otra. Además, están bajo análisis compras de vehículos e inmuebles cuyo origen patrimonial no se justifica con los ingresos declarados.
La detención de Diego de Carlo marca un nuevo punto de inflexión en la causa, que continúa en desarrollo y podría alcanzar a más involucrados. La Justicia federal busca determinar el alcance real del entramado financiero y las posibles ramificaciones en otras actividades comerciales.
