La Comisión Europea recrudece su pulso con Elon Musk y lanza una investigación formal contra Grok, la inteligencia artificial de X, por permitir la generación de imágenes sexualizadas de menores y otros contenidos ilícitos. Esta nueva ofensiva se suma a un expediente ya abierto contra X y llega tras la creación de millones de imágenes manipuladas en apenas once días. Bruselas advierte que no delegará la protección infantil en Silicon Valley, y el entramado legal contra las grandes tecnológicas, que ya acumulan cuantiosas multas y la furia de Washington, escala a niveles sin precedentes.
La Comisión Europea da un nuevo y contundente paso en su ya célebre batalla para que las grandes tecnológicas finalmente, o al menos así lo desean en Bruselas, acaten las leyes del Viejo Continente. En el ojo de la tormenta, otra vez, se encuentra X, la plataforma de Elon Musk, y su flamante herramienta de inteligencia artificial, Grok. El Ejecutivo comunitario acaba de anunciar una investigación formal contra esta IA, luego de que se detectara su capacidad para generar "imágenes sexualizadas de menores" y otros contenidos abiertamente ilegales, "incluido el contenido que pueda constituir material de abuso sexual infantil". La guerra declarada por la UE contra el imperio de Musk suma un nuevo frente, y la tensión, lejos de ceder, no hace más que escalar.
Este expediente no es un caso aislado, sino que se enmarca en una historia ya conocida. Se suma al que la firma matriz, X, arrastra desde diciembre de 2023. Aquella investigación busca determinar si el sistema de recomendaciones de la plataforma cumple con las obligaciones de gestionar los riesgos inherentes a la red social, desde la propagación descontrolada de desinformación hasta la difusión, cada vez más preocupante, de discursos de odio.
Grok, el algoritmo que desnuda conciencias
El nuevo capítulo de esta saga entre Bruselas y el siempre beligerante Musk se veía venir. Desde hace semanas, la polémica alrededor de Grok no paraba de crecer. A finales de 2025, la IA ya había causado revuelo por negar el Holocausto, un antecedente que, en retrospectiva, parece un mero prólogo. Ahora, el escándalo radica en la inquietante facilidad con la que la herramienta generaba imágenes sexualizadas, incluyendo, para horror de muchos, las de menores. Las cifras son, cuanto menos, escalofriantes: en un lapso de solo once días, entre el 29 de diciembre y el 8 de enero, los usuarios de Grok crearon once millones de imágenes manipuladas de este tipo, de las cuales más de 23.000 correspondían a menores de edad.
La indignación pública, que se extendió como reguero de pólvora, llevó a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a fijar una postura tajante. "No externalizaremos la protección infantil y el consentimiento a Silicon Valley. Si ellos no actúan, lo haremos nosotros", sentenció Von der Leyen, dejando en claro que la paciencia europea tiene un límite. Y agregó, sin ambages: "Me horroriza que una plataforma tecnológica permita a los usuarios desnudar digitalmente a mujeres y niños en Internet. Es un comportamiento inconcebible. Y el daño causado por esto es muy real".
El comunicado oficial del departamento a cargo de la vicepresidenta Henna Virkkunen, responsable de tecnología y seguridad, no deja lugar a dudas sobre la preocupación europea. "Los riesgos parecen haberse materializado, exponiendo a los ciudadanos de la UE a graves daños", reza el texto. Los próximos pasos de la investigación buscarán confirmar si X ha incumplido gravemente las obligaciones establecidas en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) o si, por el contrario, ha tomado medidas efectivas para mitigar los riesgos vinculados a "la violencia de género y las graves consecuencias para el bienestar físico y mental causados por la implementación de Grok en su plataforma". El temario es delicado y el foco está puesto en la responsabilidad de la empresa.
El giro en la estrategia: del usuario a la compañía
Hasta hace no mucho tiempo, cuando surgían los primeros problemas con programas de inteligencia artificial diseñados para desnudar personas, el accionar se centraba en los usuarios. El caso de las adolescentes de Almendralejo, donde se denunció a los compañeros responsables de difundir las imágenes manipuladas, es un claro ejemplo. La compañía que ponía a disposición esa posibilidad, a "golpe de clic", quedaba, inexplicablemente, fuera del radar principal.
Pero la marea está cambiando. Ahora, esta vía se explora con una intensidad creciente. Países como Indonesia o Malasia ya han decidido prohibir Grok. Italia, por su parte, bloqueó en octubre pasado la aplicación Clothoff. Incluso en Estados Unidos y China, jurisdicciones no precisamente afines en sus sistemas legales, se ha actuado en los tribunales contra los dueños de estas empresas, cuyo "único modelo de negocio" parece ser, cuando no la única, la generación de este tipo de desnudos. En España, el gobierno acaba de presentar un anteproyecto de ley que busca reformar el derecho al honor y la imagen, actualizando la normativa de 1982 para mencionar explícitamente las "ultrasuplantaciones realizadas con inteligencia artificial", es decir, los célebres deepfakes que alteran la imagen de las personas sin su consentimiento. El péndulo parece, al fin, moverse hacia la raíz del problema.
Además de este nuevo frente, Bruselas ahonda en el expediente que X tiene abierto desde diciembre de 2023, ahora con la empresa de Musk habiendo modificado su sistema de recomendación basado en Grok. Una parte de aquella investigación ya culminó con una multa de 120 millones de euros contra X por falta de transparencia en la publicidad, por el diseño "engañoso" de la marca azul que supuestamente certifica la veracidad de un perfil y por obstaculizar el acceso a los datos por parte de los investigadores. Aquella sanción, en su momento, inauguró el régimen de multas que contempla el DSA, sentando un precedente.
La multa impuesta en diciembre pasado ya se acercó peligrosamente al importe máximo permitido por el reglamento, alcanzando el 5,4% de la facturación anual de la empresa. Sin embargo, en el caso de la investigación que se inició esta semana, la factura podría ser aún más abultada. El castigo máximo para los incumplimientos más graves asciende al 6% de los ingresos anuales globales de la empresa. Además, el reglamento faculta a la Comisión a aplicar medidas provisionales para mitigar el riesgo, lo que podría implicar acciones inmediatas y de gran impacto.
La geopolítica digital: Washington vs. Bruselas
Este castigo, lejos de pasar desapercibido, provocó una virulenta reacción de varios miembros del Gobierno estadounidense, encabezados en su momento por el propio presidente Donald Trump. "Es asquerosa", llegó a decir el mandatario, en un nuevo episodio de los recurrentes ataques de Washington contra la UE por su regulación digital. Este ha sido, de hecho, uno de los caballos de batalla con los que Estados Unidos ha cargado con más fuerza contra Bruselas. Los máximos responsables de Comercio, el secretario Howard Lutnick, y el representante Jamieson Greer, llegaron incluso a vincular directamente la resolución de asuntos comerciales pendientes, como los aranceles al acero y aluminio, a una flexibilización de las normativas digitales europeas. Una suerte de quid pro quo con un alto precio.
La crítica central de Washington se focaliza en el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que, a diferencia del de mercados, apunta directamente a los contenidos de plataformas como X, Facebook o YouTube. El argumento esgrimido desde la capital estadounidense es que el DSA coarta la libertad de expresión y penaliza desproporcionadamente a las empresas de su país. Desde la UE, la respuesta es clara y contundente: este derecho fundamental no puede, bajo ningún concepto, poner en riesgo otros derechos, ni mucho menos a colectivos vulnerables, como el de los menores de edad.
En cuanto a la acusación de "persecución" a empresas estadounidenses, Bruselas replica que las obligaciones adicionales impuestas por la normativa responden a criterios estrictamente objetivos. Estas recaen sobre las "grandes plataformas electrónicas", aquellas utilizadas por más del 10% de la población de la UE, es decir, por al menos 45 millones de usuarios. Un dato que, según la Comisión, es revelador: de las 17 compañías que inicialmente cumplían con este requisito, solo dos son europeas: Booking y Zalando. Los números, parece, no mienten, o al menos no lo hacen a la hora de defender la "objetividad" de la norma.
