En un escenario de profunda reestructuración administrativa, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) formalizó la apertura de un nuevo proceso de retiró voluntario para su personal. La medida, que surge tras intensas negociaciones en el seno del Consejo Directivo Nacional, establece como fecha límite para la adhesión el próximo 31 de mayo de 2026, marcando un contraste significativo con la situación de tensión que atraviesa el INTI ante la amenaza de despidos directos.
El objetivo del Poder Ejecutivo Nacional es alcanzar una reducción de 1.500 puestos de trabajo, buscando llevar la planta actual de aproximadamente 5.800 agentes a un número cercano a los 4.500 empleados. A diferencia de otros organismos, la conducción del INTA, encabezada por Nicolás Bronzovich, debió consensuar los términos de esta reducción con las universidades y entidades rurales que integran el máximo órgano de gobernanza, luego de que el Congreso frenara la intervención del instituto a mediados del año pasado.
Reestructuración y enfoque en la extensión
El plan oficial pone especial énfasis en la revisión de las Agencias de Extensión, el histórico brazo territorial del organismo encargado de transferir conocimientos técnicos a los productores agropecuarios. Según fuentes institucionales, el Gobierno considera que la estructura actual se encuentra sobredimensionada para los objetivos de equilibrio fiscal propuestos para el presente ejercicio.
Este nuevo operativo de retiro voluntario se presenta como una alternativa tras la experiencia de fines de 2024, cuando solo 300 trabajadores aceptaron la propuesta. En esta oportunidad, las condiciones económicas y administrativas firmadas por Sebastián Ibarra, coordinador nacional de personal, se presentan con incentivos más elevados para fomentar la salida de técnicos e investigadores hacia el sector privado.
Diferencias operativas con el INTI
Mientras que en el INTI la gestión se encuentra paralizada por la negativa de su presidente, Miguel Romero, a ejecutar 700 cesantías, en el INTA se ha optado por un «sano ejercicio de convivencia» entre los funcionarios alineados con el ajuste y los actores sectoriales. Sin embargo, desde diversos sectores gremiales y científicos advierten sobre el riesgo de un ahogo financiero que termine forzando la salida de los cuadros técnicos más capacitados, debilitando la capacidad de investigación y desarrollo del agro argentino.
<p>El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) habilitó un nuevo régimen de retiros voluntarios con vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. La medida, consensuada entre el Ejecutivo y el Consejo Directivo, busca reducir la planta de 5.800 a 4.500 agentes. A diferencia del conflicto por despidos en el INTI, el organismo agropecuario optó por esta vía tras la resistencia de universidades y entidades rurales.</p>
Este contenido es generado automáticamente con IA
Zappo te lo cuenta
En el gran festival de la motosierra criolla, el INTA acaba de inaugurar una nueva función: el «Segundo Festival del Retiro Voluntario», una invitación cordial a que 1.500 empleados se conviertan en cuentapropistas antes de que el equilibrio fiscal les pase por encima como una cosechadora fuera de control. Mientras en el INTI el presidente del organismo se planta ante los despidos como si fuera el último defensor de una fortaleza asediada, en el INTA el aire es distinto. Aquí, la resistencia de las universidades y las entidades rurales obligó a los funcionarios libertarios a cambiar el hacha por una propuesta económica que, en teoría, debería sonar tan tentadora como un asado de domingo en medio de la cuaresma.
Nicolás Bronzovich, que viene de la escuela de Aapresid y tiene más alineación con el ajuste que un auto de Fórmula 1, tuvo que aceptar que en el Consejo Directivo no se puede entrar rompiendo todo sin pedir permiso. El plan es ambicioso: podar la planta hasta dejarla en 4.500 personas, ensañándose especialmente con las Agencias de Extensión, ese brazo histórico que servía para que el conocimiento llegara al productor y que ahora, aparentemente, es visto como un lujo que la caja del Estado no puede costear. La apuesta es que, tras un año y medio de amenazas y ahogo financiero, los investigadores se harten de contar monedas y decidan que el sector privado tiene un jardín mucho más verde.
Las nuevas condiciones firmadas por la coordinación de personal lucen «tentadoras», o al menos eso dicen los papeles, en un intento desesperado por no repetir el fracaso del 2024 donde apenas 300 valientes aceptaron el sobre. Es una suerte de «Gran Hermano» institucional donde el premio por irse es una indemnización que, con suerte, durará lo que tarde en llegar la próxima factura de luz. En este sano ejercicio de convivencia entre el ajuste y la institucionalidad, el INTA se prepara para una sangría de técnicos que, si sale como el Gobierno quiere, dejará al organismo más flaco que un galgo, pero con las cuentas en un orden tan sepulcral que daría envidia a cualquier contador de la administración pública.
Este contenido humorístico es generado por IA y puede contener imprecisiones o ser imprudente, se recomienda leer con discreción.
