Bruselas, la capital de facto de la Unión Europea, ha metido a WhatsApp en la lista de grandes plataformas digitales bajo el Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Esto significa que la filial de Meta deberá cumplir con estrictas normas sobre el retiro de contenido ilegal y la lucha contra la desinformación. La medida no afecta a la mensajería privada, sino a los populares «Canales de WhatsApp», que superaron el umbral de 45 millones de usuarios en la UE, y llega en medio de una fuerte pulseada entre Europa y las gigantes tecnológicas de Estados Unidos.
Bruselas ha decidido ponerle los puntos a WhatsApp. La Unión Europea, con su ya célebre afán regulador, ha incluido al servicio de mensajería instantánea, propiedad del emporio Meta, en el selecto y, para muchos, molesto club de las grandes plataformas digitales a las que se les aplica el Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Es, ni más ni menos, la ley comunitaria diseñada explícitamente para «domar a las grandes tecnológicas», esas que, a veces, parecen creerse «demasiado grandes para preocuparse».
La normativa, que ya está dando de qué hablar, impone obligaciones muy concretas: exige a las empresas una retirada rapidísima de cualquier contenido ilegal y las conmina, casi con una pistola en la nuca, a intensificar la lucha contra la desinformación. ¿La zanahoria y el garrote? Fuertes sanciones si no cumplen, por supuesto.
Hasta ahora, curiosamente, WhatsApp no portaba el distintivo de «gran actor» en el universo digital, lo que le permitía esquivar los requisitos adicionales del DSA. ¿Cómo cambia el tablero? La clave reside en su naturaleza de «servicio híbrido», una mezcla entre mensajería privada y plataforma digital. Y aquí es donde entran en juego los «Canales de WhatsApp», esa herramienta más reciente que, vaya sorpresa, superó hace poco el umbral mínimo de usuarios —al menos el 10% de la población de la UE, unos 45 millones de almas— que exige el reglamento. Estos canales, usados por medios de comunicación, organizaciones y figuras públicas, son el detonante.
Los canales de WhatsApp, bajo la lupa de Bruselas
Resulta un detalle no menor que la Comisión haya aclarado que el servicio de mensajería privada, ese que nos permite enviar audios, fotos y vídeos a nuestros contactos, «sigue estando explícitamente excluido de la aplicación del DSA». Un criterio que, de paso, sirve para entender por qué otros servicios similares como Telegram o Signal aún no tienen que bailar al compás de estas obligaciones extras. Pareciera que la mira está puesta en la difusión masiva y no tanto en el chismorreo entre amigos.
A partir de este anuncio, WhatsApp tiene un plazo de cuatro meses, hasta mediados de mayo, para ponerse al día. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la filial de Meta deberá «evaluar y mitigar adecuadamente cualquier riesgo sistémico», una lista que abarca desde posibles violaciones de derechos humanos fundamentales y la libertad de expresión, hasta la siempre inquietante manipulación electoral, la diseminación de contenidos ilegales y los recurrentes problemas de privacidad que suelen acompañar a estos gigantes. Un plato fuerte que, de seguro, generará más de un dolor de cabeza en las oficinas de Menlo Park.
Un ajedrez global: la UE vs. las grandes tecnológicas
La inclusión de WhatsApp en la lista no es un hecho aislado, sino que se da en un contexto de fuertes tensiones a ambos lados del Atlántico, a cuenta de cómo la Unión Europea pretende regular a las imponentes tecnológicas estadounidenses. Sin ir más lejos, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, no dudó en calificar en diciembre como «asquerosa» la decisión de la Comisión de multar con 120 millones de euros a X (antes Twitter) por tres incumplimientos de la ley. Aquella fue la primera gran sanción impuesta en virtud del DSA, y dejó en claro que Bruselas no juega con chiquitas.
Pero la cosa no termina ahí. La Comisión, que no se queda quieta, ha anunciado la apertura de una investigación sobre Grok, la herramienta de inteligencia artificial generativa de la red social X. ¿El motivo? Analizar la función que permitiría crear imágenes sexualizadas de menores y otros contenidos ilegales, una acusación gravísima que pone los pelos de punta. Además, en los últimos meses, Bruselas ha solicitado información a un sinfín de actores como Apple, YouTube, Google o Microsoft, y ha puesto bajo la lupa a Meta por posibles quebras en sus obligaciones de transparencia, alcanzando compromisos incluso con TikTok, la aplicación de capital chino.
El DSA, que comenzó a aplicarse en 2023, arrancó con las primeras designaciones de empresas como grandes plataformas en abril de ese mismo año. Por entonces, la lista sumaba 19 nombres: 15 de ellas estadounidenses, incluyendo a pesos pesados como Amazon Store, Facebook, Google Maps, Instagram y YouTube; dos chinas, AliExpress y TikTok; y dos europeas, Booking y Zalando. Luego, la lista se engrosó con la inclusión de páginas web pornográficas de gran alcance.
La batalla legal: los gigantes resisten, Bruselas avanza
Como era de esperarse, casi todas estas empresas han recurrido ante la Justicia Europea, buscando torcerle el brazo a la normativa. Si bien aún no hay un pronunciamiento definitivo, en algunos casos ya se han rechazado las medidas cautelares solicitadas. Lo más significativo es que ya hay sentencias del Tribunal General de la UE, la primera instancia judicial, que ratifican la designación como gran plataforma para casos como Zalando y Amazon, confirmando que, sí, están obligadas a asumir estas responsabilidades adicionales. La pelea es larga, pero por ahora, la voluntad de Bruselas parece inquebrantable.
