Histórico: Francia prohíbe redes a menores de 15, primer país europeo.

La Asamblea Nacional francesa, en una movida que no pocos ven como valiente y otros tantos como una patinada en el autoritarismo, aprobó con una mayoría holgada el corazón de un proyecto de ley que busca, ni más ni menos, que los menores de 15 años se despidan, al menos legalmente, de las redes sociales. La iniciativa, que cuenta con el fervoroso apoyo del Gobierno y del mismísimo presidente Emmanuel Macron, tiene fecha estimada para su entrada en vigor: septiembre de 2026. De concretarse, Francia se alzará como la primera nación europea y la segunda a nivel mundial, solo detrás de Australia (que ya lo hace con los de 16), en imponer una restricción de esta magnitud.

El artículo 1 del proyecto es taxativo y deja poco margen para la interpretación: “El acceso a un servicio de red social en línea proporcionado por una plataforma en línea está prohibido a los menores de 15 años”. Un párrafo, simple en su redacción, pero complejo en sus implicancias, que cosechó 116 votos a favor. ¿Quiénes alzaron la mano? El Ejecutivo, la alianza ultraderechista Agrupación Nacional, Unión de Demócratas por la República (UDR), los comunistas, los independientes de Liot y la mayoría de los Verdes. Una coalición de voluntades, en apariencia dispares, unidas por la misma bandera de la protección infantil, o, como dirían algunos, del control digital.

¿Prohibir o educar? El dilema de la era digital

En la vereda de enfrente, la izquierda, a través de La Francia Insumisa (LFI), que sumó sus 23 votos en contra, levantó la bandera de la discrepancia. Para el partido de Jean-Luc Mélenchon, esta ley es una suerte de “paternalismo digital”, una forma de legislar con “medidas autoritarias” en lugar de apostar a la educación y al fomento del pensamiento crítico. Una dicotomía no menor: ¿cerramos la puerta o enseñamos a discernir lo que hay detrás? LFI insiste en que la clave está en dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para navegar las procelosas aguas de estas comunidades, y no en abrir precedentes prohibicionistas que, a la larga, podrían tener consecuencias bastante menos democráticas.

Pero la norma no se queda solo en el acceso. Una enmienda, propuesta por la diputada socialista Ayda Hadizadeh y aprobada por un ajustado margen, estipula que los proveedores de redes sociales “deben garantizar que los menores no estén expuestos a una presión comercial excesiva” y prohíbe, de paso, la promoción de productos o servicios que puedan dañar su salud física o mental en plataformas diseñadas para ellos. Un intento, quizá algo tardío, de ponerle un coto a la voracidad mercantil de un ecosistema que ha sabido explotar, como pocos, las vulnerabilidades de sus usuarios más jóvenes.

En el ojo de la tormenta, o al menos en el foco de las críticas más duras, apareció TikTok. La red social, según Laure Miller y los redactores del texto, no es solo un pasatiempo inocente. Puede “tener un efecto perjudicial sobre la salud mental, especialmente la de los más jóvenes, cuyo cerebro aún está en pleno desarrollo y que tienen una menor capacidad de distanciamiento crítico, al encerrar a los usuarios en espirales de contenidos violentos, impactantes, que promueven la automutilación o el suicidio”. Un diagnóstico contundente que, no por casualidad, recibió el espaldarazo del mismísimo Emmanuel Macron, quien venía prometiendo una ley al respecto.

Durante la jornada de este martes, los parlamentarios franceses seguirán debatiendo otras aristas de la cuestión, como la prohibición de los teléfonos móviles en los institutos, replicando lo que ya ocurre en etapas educativas previas. Si el texto completo logra sortear todos los escollos, pasará al Senado a mediados de febrero.

El grito de Macron: «nuestros hijos no están en venta»

El propio Emmanuel Macron, con la celeridad que otorgan los pulgares en el teclado, no tardó en celebrar a través de redes sociales la decisión de la cámara. La calificó como “un paso importante” que cumple con “lo que recomiendan los científicos y lo que exigen abrumadoramente los franceses”. Y como si fuera poco, anunció que, “para garantizar que esta prohibición entre en vigor tan pronto como comience el próximo curso escolar”, ha solicitado al Gobierno “que active el procedimiento acelerado”, una herramienta que permite una adopción más veloz en caso de desacuerdo entre ambas cámaras. Un verdadero pase de magia para saltear posibles demoras.

El jefe del Elíseo, en un rapto de vehemencia –o quizás de astuta campaña–, lanzó una serie de declaraciones que bien podrían ser el eslogan de un nuevo movimiento: “Porque las mentes de nuestros hijos no están en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Porque sus sueños no deben ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores”. Y cerró con una promesa de hierro: “A partir del 1 de septiembre, nuestros niños y adolescentes por fin estarán protegidos. Me aseguraré de que así sea”. Una declaración de principios, una cruzada digital que busca, al parecer, salvar el alma de la juventud francesa de las garras del pixel.

Mientras tanto, del otro lado de los Pirineos, España no se queda atrás. Allí está en trámite en el Congreso la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La norma, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, tiene sus propias batallas: elevar la edad mínima de consentimiento para el tratamiento de datos (y, por ende, el uso de redes sociales) de 14 a 16 años, y obligar a que los dispositivos integren sistemas de control parental activados por defecto. Cada país, a su manera, busca el antídoto contra la adicción digital. La pregunta que flota en el aire es si estas prohibiciones son la solución definitiva o simplemente un parche a un problema que tiene raíces mucho más profundas.