El prestigioso periódico británico Financial Times dedicó un extenso análisis a la creciente tensión entre el Gobierno nacional y el Grupo Techint, a raíz de la reciente licitación para la provisión de tubos destinados a un gasoducto clave en Vaca Muerta. El conflicto estalló luego de que el consorcio Southern Energy adjudicara el contrato a la firma india Welspun Living Ltd, desplazando a la subsidiaria local Tenaris.
Según consigna el medio internacional, el presidente Javier Milei utilizó sus canales oficiales para arremeter contra Paolo Rocca, CEO de Techint, calificándolo como «el señor chatarra de los caños caros». Esta reacción se produjo tras trascender que el grupo empresario analizaba presentar una denuncia por antidumping, argumentando que la oferta de la competidora india se basaba en el uso de acero chino a precios subsidiados, situados por debajo del valor de mercado.
Disputa por los costos y la competitividad
La administración central, respaldada por declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tildó la propuesta de la empresa nacional como «indefendible», señalando que el monto superaba en un 40% a la oferta ganadora. No obstante, desde Tenaris desmintieron esa cifra y aseguraron que su cotización final implicaba trabajar «prácticamente con margen cero», con el único objetivo de sostener la actividad y los 420 puestos de trabajo en su planta bonaerense.
El Financial Times remarcó que este cruce es un síntoma de la «tensa relación» del mandatario con la élite empresarial tradicional, a quienes Milei ha descrito anteriormente como «parásitos privilegiados» que se han beneficiado del proteccionismo estatal durante décadas. El objetivo del Ejecutivo es reorientar la matriz económica hacia sectores con ventajas competitivas naturales, como la minería y el agro.
La postura de la industria nacional
Por su parte, los representantes del sector industrial nucleados en la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su preocupación por la asimetría de costos. Argumentan que la elevada carga impositiva del país, una de las más altas de la región, impide competir en igualdad de condiciones con proveedores extranjeros. Ante la escalada del conflicto, la entidad emitió un comunicado buscando neutralidad:
“Lo ocurrido responde a un diferendo entre privados y debe solucionarse con rapidez y responsabilidad. Es una obra clave para Vaca Muerta, para la competitividad energética del país y para miles de empleos. No puede estar en riesgo por discusiones públicas que no aportan soluciones”.
Finalmente, fuentes de la UIA enfatizaron que la prioridad absoluta debe ser el avance de la obra, considerada estratégica para el desarrollo de Vaca Muerta, instando a las partes a resolver las discrepancias sin afectar los plazos de infraestructura energética del país.
