El PJ Nacional, presidido formalmente por Cristina Kirchner —quien ejerce la conducción a través de sus vicepresidentes debido a su situación de detención domiciliaria—, lanzó una dura ofensiva política contra la reciente sanción de la reforma laboral. El documento, que marca una ruptura total con los sectores dialoguistas del movimiento, califica a la iniciativa de Javier Milei y el FMI como una herramienta de «precarización y transferencia de riqueza».
La doctrina en juego: «No nacimos para convalidar esclavos»
El texto, cuya redacción fue avalada por la ex jefa de Estado y coordinada por José Mayans junto a la cúpula de la CGT, sostiene que el pueblo trabajador enfrentará pérdidas no solo económicas, sino también en su salud física y mental. «El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajo, no para convertirlo en esclavo», sentencia el comunicado en uno de sus párrafos más agresivos.
Lejos de limitarse a la crítica técnica, el PJ propuso una «modernización clara» que incluye:
- Salario mínimo acorde a la canasta básica.
- Participación en las ganancias de las empresas.
- Derecho a la desconexión digital y reducción de la jornada laboral.
- Protección para trabajadores de plataformas.
Señalamiento directo a los gobernadores del Norte
La carga política más pesada recayó sobre los legisladores que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Mientras que los representantes de Tucumán y Salta acompañaron el proyecto con su voto, los de Catamarca fueron cuestionados por brindar el quórum necesario para que la iniciativa recibiera media sanción en Diputados y su posterior aprobación final en el Senado.
«Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento», advirtieron las autoridades partidarias. Esta fractura expone el alejamiento definitivo de estos mandatarios provinciales del esquema de conducción kirchnerista, consolidando un bloque «colaboracionista» que ha sido clave para la gestión de Milei durante sus primeros dos años de gobierno.
<p>El Partido Justicialista (PJ) Nacional, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, emitió un crítico comunicado tras la sanción de la reforma laboral impulsada por Javier Milei. El texto, avalado por la exmandataria desde su detención domiciliaria y coordinado con la CGT, denuncia una «nueva etapa de precarización» y apunta directamente contra los legisladores peronistas de Tucumán, Salta y Catamarca que facilitaron la aprobación de la ley.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
En el peronismo, cuando no hay asado, hay «comunicado con veneno», y esta vez la dosis fue letal. El PJ Nacional, que Cristina Kirchner preside vía control remoto desde su detención domiciliaria, decidió que era hora de pasar el escáner de lealtad y el resultado dio error en varias provincias. Con José Mayans como el encargado de poner la cara mientras la jefa sigue los pormenores, el partido sacó un texto que es, básicamente, un certificado de defunción para la relación con los gobernadores del Norte. Parece que en la cosmogonía kirchnerista, votar con Milei no es «pragmatismo de gestión», sino el pecado original de convertir al trabajador en esclavo. La CGT también se sumó a la redacción, probablemente para recordarles a los diputados que el carnet de peronista no viene con cláusula de «quórum para el ajuste».
Lo más jugoso del asunto es el «palazo» teledirigido a Jalil, Jaldo y Sáenz. Para la cúpula del PJ, estos gobernadores no están «cuidando sus cuentas provinciales», sino que están jugando al Jenga con la doctrina de la justicia social. Mientras el gobierno nacional celebra la reforma como el inicio de la era de la libertad, el PJ responde que la única libertad que ven es la de perder el salario y la salud mental. Es el divorcio oficial: de un lado, la resistencia con agenda de desconexión digital y reducción de jornada; del otro, el peronismo «blue» que le da las herramientas a Milei a cambio de un poco de aire fiscal. La fractura ya no es un rumor de pasillo, es una grieta de mármol que dejó a los legisladores de Tucumán y Salta del lado de afuera del quincho partidario.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
El PJ Nacional, presidido formalmente por Cristina Kirchner —quien ejerce la conducción a través de sus vicepresidentes debido a su situación de detención domiciliaria—, lanzó una dura ofensiva política contra la reciente sanción de la reforma laboral. El documento, que marca una ruptura total con los sectores dialoguistas del movimiento, califica a la iniciativa de Javier Milei y el FMI como una herramienta de «precarización y transferencia de riqueza».
La doctrina en juego: «No nacimos para convalidar esclavos»
El texto, cuya redacción fue avalada por la ex jefa de Estado y coordinada por José Mayans junto a la cúpula de la CGT, sostiene que el pueblo trabajador enfrentará pérdidas no solo económicas, sino también en su salud física y mental. «El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajo, no para convertirlo en esclavo», sentencia el comunicado en uno de sus párrafos más agresivos.
Lejos de limitarse a la crítica técnica, el PJ propuso una «modernización clara» que incluye:
- Salario mínimo acorde a la canasta básica.
- Participación en las ganancias de las empresas.
- Derecho a la desconexión digital y reducción de la jornada laboral.
- Protección para trabajadores de plataformas.
Señalamiento directo a los gobernadores del Norte
La carga política más pesada recayó sobre los legisladores que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Mientras que los representantes de Tucumán y Salta acompañaron el proyecto con su voto, los de Catamarca fueron cuestionados por brindar el quórum necesario para que la iniciativa recibiera media sanción en Diputados y su posterior aprobación final en el Senado.
«Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento», advirtieron las autoridades partidarias. Esta fractura expone el alejamiento definitivo de estos mandatarios provinciales del esquema de conducción kirchnerista, consolidando un bloque «colaboracionista» que ha sido clave para la gestión de Milei durante sus primeros dos años de gobierno.
En el peronismo, cuando no hay asado, hay «comunicado con veneno», y esta vez la dosis fue letal. El PJ Nacional, que Cristina Kirchner preside vía control remoto desde su detención domiciliaria, decidió que era hora de pasar el escáner de lealtad y el resultado dio error en varias provincias. Con José Mayans como el encargado de poner la cara mientras la jefa sigue los pormenores, el partido sacó un texto que es, básicamente, un certificado de defunción para la relación con los gobernadores del Norte. Parece que en la cosmogonía kirchnerista, votar con Milei no es «pragmatismo de gestión», sino el pecado original de convertir al trabajador en esclavo. La CGT también se sumó a la redacción, probablemente para recordarles a los diputados que el carnet de peronista no viene con cláusula de «quórum para el ajuste».
Lo más jugoso del asunto es el «palazo» teledirigido a Jalil, Jaldo y Sáenz. Para la cúpula del PJ, estos gobernadores no están «cuidando sus cuentas provinciales», sino que están jugando al Jenga con la doctrina de la justicia social. Mientras el gobierno nacional celebra la reforma como el inicio de la era de la libertad, el PJ responde que la única libertad que ven es la de perder el salario y la salud mental. Es el divorcio oficial: de un lado, la resistencia con agenda de desconexión digital y reducción de jornada; del otro, el peronismo «blue» que le da las herramientas a Milei a cambio de un poco de aire fiscal. La fractura ya no es un rumor de pasillo, es una grieta de mármol que dejó a los legisladores de Tucumán y Salta del lado de afuera del quincho partidario.