La negociación salarial docente en San Juan atraviesa uno de sus momentos más delicados del año. Con el conflicto escalando entre el Gobierno provincial y los gremios, la discusión paritaria quedó atrapada entre dos realidades difíciles de conciliar: una fuerte caída en la recaudación provincial y salarios que no logran alcanzar la línea de pobreza.
Mientras la administración del gobernador Marcelo Orrego busca contener el conflicto con incrementos parciales y sumas extraordinarias, los sindicatos decidieron acatar la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo para evitar descuentos salariales. Sin embargo, el malestar docente ya comenzó a desbordar las estructuras sindicales tradicionales.
La oferta completa del Gobierno
La propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial fue expuesta por los ministros Roberto Gutiérrez (Economía) y Silvia Fuentes (Educación). Más allá del incremento del 10% al valor índice —dividido en un 5% en marzo y otro 5% en junio—, la oferta incluyó una serie de medidas orientadas a inyectar liquidez en el corto plazo.
Entre los principales puntos se destacan:
• Ayuda Escolar: aumento del beneficio a $100.000 por hijo.
• Equipamiento Docente: pago extraordinario de $128.801,76, liquidado con los haberes de febrero.
• Modificación del nomenclador: incremento de 4 puntos en el código A01 (básico) y 4 puntos en el código E60 desde marzo, un componente que impacta directamente en el salario de bolsillo.
Desde el Ejecutivo sostienen que este esquema busca dar una respuesta inmediata en un contexto económico complejo, priorizando pagos que puedan sostenerse sin comprometer las cuentas públicas.
La explicación oficial: una recaudación en retroceso
Según explicó el ministro de Economía, la provincia enfrenta una caída interanual del 30% en la recaudación tributaria, situación que condiciona el margen para otorgar incrementos salariales de mayor magnitud.
A ese escenario se suma el recorte de transferencias nacionales, lo que obligó al Gobierno provincial a diseñar una estrategia salarial basada en sumas fijas y bonos extraordinarios que permitan sostener el equilibrio fiscal.
La lógica oficial apunta a evitar compromisos estructurales sobre el salario básico que luego puedan resultar imposibles de sostener en el tiempo.
El rechazo docente y el problema del salario estructural
Pese a la inclusión de pagos extraordinarios, la propuesta fue recibida con fuerte rechazo por parte de amplios sectores docentes.
El principal cuestionamiento apunta a la calidad del salario. Los docentes sostienen que las sumas fijas y bonos extraordinarios no modifican el salario estructural y generan lo que denominan un “achatamiento de la pirámide salarial”.
Actualmente, el sueldo promedio docente ronda los $731.000, una cifra que queda muy por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo medida por el INDEC, que supera el millón de pesos.
En ese contexto, el incremento del 5% aplicado al básico es considerado insuficiente frente al avance de la inflación. Además, los bonos extraordinarios no impactan en el aguinaldo ni en las jubilaciones, lo que profundiza el malestar en el sector.
Autoconvocados y presión en la calle
El deterioro del poder adquisitivo generó además un fenómeno que empieza a alterar el equilibrio tradicional del conflicto: la irrupción de docentes autoconvocados.
Mientras la Subsecretaría de Trabajo lograba frenar el paro de 48 horas anunciado por UDAP, AMET y UDA mediante la conciliación obligatoria y la advertencia del secretario general de la Gobernación, Emilio Achem —quien reiteró la postura oficial de “día trabajado, día pagado”—, la presión comenzó a trasladarse a las calles.
En la Plaza 25 de Mayo, docentes autoconvocados realizaron un bocinazo de protesta que evidenció un creciente descontento con la negociación institucional.
El tono de las consignas mostró además un giro político en el reclamo. Carteles con frases como “Nosotros te pusimos, nosotros te sacamos” reflejaron el malestar de una parte del electorado docente que acompañó el cambio de gestión provincial y que ahora reclama respuestas más contundentes frente a la pérdida del poder adquisitivo.
En ese escenario, la paritaria docente dejó de ser únicamente una discusión técnica sobre porcentajes y pasó a convertirse en un conflicto con implicancias sociales y políticas que todavía no encuentra una salida clara.
