En una jornada marcada por la tensión parlamentaria, los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y María Inés Zigarán presentaron una nota formal dirigida a las autoridades de la Cámara, entre ellos Martín Menem, José Peluc y Nicolás Mayoraz. El pedido exige de manera urgente la ampliación de las jornadas de audiencia pública previstas para el debate de la Ley de Glaciares, ante una convocatoria que superó ampliamente las proyecciones del oficialismo.
Según detallaron los legisladores de la oposición, la cifra de inscriptos para exponer ya supera las 18 mil personas. Los firmantes sostienen que el cronograma original —limitado exclusivamente a los días 25 y 26 de marzo— resulta materialmente imposible de cumplir si se pretende garantizar una participación ciudadana efectiva, tal como lo establece la normativa internacional vigente.
El Acuerdo de Escazú y el riesgo de judicialización
Durante el plenario de comisiones de la semana pasada, el bloque oficialista accedió a realizar audiencias públicas con el objetivo de blindar la ley ante posibles impugnaciones judiciales. La estrategia buscaba dar cumplimiento al Acuerdo de Escazú, un tratado que obliga al Estado a garantizar que la ciudadanía conozca y participe activamente en discusiones que afecten el medio ambiente.
No obstante, la nota presentada advierte que «la obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal», sino que requiere de mecanismos que aseguren una intervención real y sustantiva. La intención inicial del Gobierno de agotar el debate en dos jornadas (siendo la segunda estrictamente virtual) ha quedado obsoleta frente al aluvión de solicitudes que, según trascendió, habría llevado a la conducción de la Cámara a intentar restringir la difusión de las cifras actualizadas de inscriptos.
Un cronograma en jaque por la masividad
La pauta acordada previamente en comisiones estipula otorgar 5 minutos de exposición por cada orador. Bajo este esquema, y considerando el volumen actual de interesados, el debate podría extenderse por aproximadamente dos meses. Esta demora administrativa representa un obstáculo crítico para los principales impulsores de la reforma, entre los que se destacan:
- El Gobierno Nacional y su agenda legislativa de corto plazo.
- Las empresas mineras con proyectos de inversión pendientes.
- Los gobernadores de provincias cordilleranas con recursos metalíferos.
Los activistas ambientales y diversas organizaciones sociales han sido los principales motores de la difusión, logrando una movilización digital que mantiene en vilo la agenda del Congreso. La resolución de este conflicto administrativo definirá no solo el futuro de la Ley de Glaciares, sino también el estándar de participación democrática que el Poder Legislativo está dispuesto a convalidar en temas de alto impacto ambiental.
<p>Los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y María Inés Zigarán solicitaron formalmente la ampliación de las audiencias públicas por la Ley de Glaciares ante el desborde de inscriptos, que ya supera los 18 mil ciudadanos. La oposición advierte que las dos jornadas previstas originalmente son insuficientes para cumplir con el Acuerdo de Escazú, lo que pone en riesgo la validez legal del debate parlamentario ante la masiva participación social.</p>
Este contenido es generado automáticamente con IA
Zappo te lo cuenta
Si el oficialismo pensaba que debatir la Ley de Glaciares iba a ser un trámite exprés entre cuatro paredes y con el aire acondicionado a 18 grados, la realidad acaba de caerles encima como un desprendimiento del Perito Moreno. Resulta que los diputados Ferraro, Selva y Zigarán le mandaron una cartita a Martín Menem y compañía avisándoles que el sistema de inscripción colapsó. El Gobierno, en un arranque de optimismo digno de quien cree que va a ganar el Quini sin jugar, reservó apenas dos días para las audiencias. Pero se ve que no contaban con que el ambientalismo y los movimientos sociales se pusieran las pilas: ya hay casi 20 mil anotados con ganas de decir lo suyo. A este ritmo, si quieren cumplir con los cinco minutos por cabeza, la audiencia va a terminar más o menos cuando Colón vuelva a jugar en Primera.
La situación en el Congreso es de un nerviosismo nivel «final de Mundial». Dicen las malas lenguas que Menem, al ver el aluvión de mails, mandó a esconder las cifras como quien oculta las notas del colegio antes de que llegue el padre con el cinturón. Es que el Acuerdo de Escazú no es una sugerencia de Instagram, es una obligación legal que exige participación real, no un «visto» en WhatsApp. Los libertarios, que aceptaron las audiencias solo para que no les llovieran amparos judiciales, ahora están atrapados en su propia burocracia. Si le dan el micrófono a todos, el trámite se demora dos meses; si se los cierran, la ley nace más floja de papeles que un auto mellizo. Las mineras y los gobernadores mineros están que trinan, viendo cómo el reloj parlamentario se congela, irónicamente, por culpa de los glaciares.
Lo más tierno de la nota de los legisladores opositores es cuando le recuerdan al oficialismo que la participación ciudadana debe ser «real y sustantiva». Traducido del lenguaje diplomático al criollo: «No nos tomen por tontos, que con dos tardes de Zoom no arreglan este lío». El Gobierno quería liquidar el asunto el 25 y 26 de marzo, pero con 18 mil personas en la fila, van a necesitar más café y paciencia que un cajero del Banco Nación un día de cobro de jubilados. El rechazo a la modificación de la ley se agiganta y el Congreso se convirtió en una casilla de correo saturada donde nadie sabe cómo apretar el botón de ‘borrar’ sin que explote todo el sistema institucional. ¡Vayan preparando las carpas, que esto viene para largo!
Este contenido humorístico es generado por IA y puede contener imprecisiones o ser imprudente, se recomienda leer con discreción.
