La senadora provincial por el Frente Renovador, Malena Galmarini, ingresó formalmente un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense con el objetivo de prohibir la tenencia y uso de dispositivos móviles en todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. La propuesta surge como respuesta al incremento de estafas, extorsiones y secuestros virtuales coordinados desde el interior de los penales.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sentenció la legisladora al momento de fundamentar la iniciativa. Galmarini subrayó la necesidad de proteger a los ciudadanos que resultan víctimas de organizaciones criminales que operan con total impunidad tecnológica tras las rejas.
El antecedente del caso Rodrigo Gómez
Uno de los ejes centrales que motivaron el proyecto es el trágico suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido el 16 de diciembre de 2025 en la Quinta de Olivos. Según las pericias judiciales, el joven de 21 años habría tomado la drástica decisión tras ser víctima de una extorsión montada desde la Unidad 36 de Magdalena por una banda liderada por un recluso. Este caso puso en jaque la continuidad del protocolo de 2020 que, bajo el contexto de la pandemia de COVID-19, permitió el uso de celulares para evitar el aislamiento humanitario de los detenidos.
Inhibidores de señal y controles tecnológicos
El proyecto, que consta de once artículos, establece la instalación obligatoria de sistemas de inhibición de señal en pabellones, sectores de alojamiento y vehículos de traslado. Estos dispositivos deberán anular la comunicación inalámbrica sin interferir con las frecuencias institucionales de emergencia. Asimismo, se designa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como autoridad de aplicación para supervisar la implementación tecnológica.
Para garantizar los derechos constitucionales, la norma prevé que el Estado asegure medios de comunicación legales y supervisados, tales como:
- Telefonía fija y cabinas penitenciarias.
- Videollamadas supervisadas para contacto familiar.
- Sistemas digitales controlados.
Sanciones y plazos de implementación
De aprobarse la ley, la tenencia de un teléfono celular será considerada una falta disciplinaria grave. Los equipos incautados durante las requisas periódicas serán secuestrados y destruidos de manera inmediata. El Poder Ejecutivo contará con un plazo máximo de 180 días desde la reglamentación para completar la instalación de los inhibidores en todo el territorio provincial.
Esta medida se da en un contexto de tensión por el financiamiento de infraestructura carcelaria, donde la provincia busca alcanzar las 12.000 nuevas plazas para 2027, a pesar del freno en las partidas presupuestarias por parte del Gobierno Nacional.
<p>La senadora bonaerense Malena Galmarini presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca frenar delitos organizados desde los penales, propone la instalación de inhibidores de señal y establece un plazo de 180 días para su adecuación, garantizando medios de comunicación controlados para los internos.</p>
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Zappo te lo cuenta
Parece que en el Senado bonaerense finalmente alguien se dio cuenta de que las unidades penitenciarias tienen mejor conectividad y atención al cliente que cualquier empresa de telefonía celular del país. Malena Galmarini presentó un proyecto para terminar con el «Home Office» delictivo, bajo la premisa de que las cárceles no deberían funcionar como sucursales de un call center especializado en cuentos del tío y secuestros virtuales. La iniciativa llega para ponerle fin a esa herencia de la pandemia que transformó el pabellón en un espacio de coworking para estafadores, donde el único «emprendimiento» exitoso era sacarle los ahorros a un jubilado entre el rancho del mediodía y el recuento de la tarde.
El detonante de este rapto de sensatez legislativa tiene nombre y apellido: Rodrigo Gómez, un joven soldado que terminó en una tragedia evitable por culpa de una extorsión nacida en la Unidad 36 de Magdalena. Según Galmarini, el Estado no puede seguir permitiendo que el cumplimiento de una condena incluya un plan de datos ilimitado para seguir delinquiendo con aire acondicionado emocional. La propuesta no solo prohíbe el aparatito; también exige llenar los penales de inhibidores de señal, convirtiendo a las cárceles en el único lugar de la provincia donde realmente no te vas a poder quejar de que «no tenés señal», porque básicamente esa es la idea. Eso sí, para que no digan que somos unos bárbaros, les van a dejar el teléfono fijo, para que la comunicación con el abogado sea tan vintage como efectiva.
El proyecto establece que si a un interno le encuentran un smartphone, el dispositivo pasará a mejor vida de forma inmediata, siendo destruido o inutilizado, lo cual seguramente generará un pico de ansiedad en el mercado de usados de Marketplace. Con un plazo de 180 días para que el Ministerio de Justicia instale la tecnología necesaria, el Gobierno provincial se enfrenta al desafío de bloquear señales en lugares donde a veces ni siquiera llega el agua potable. Es una carrera contra el tiempo para que el «celular en la celda» pase de ser un derecho adquirido en cuarentena a ser un recuerdo tan lejano como el distanciamiento social, antes de que el próximo preso use la inteligencia artificial para estafarnos desde el buzón.
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