La estrategia judicial de la CGT sufrió su primer contratiempo significativo en marzo de 2026. El juez Enrique Lavié Pico, titular del juzgado Contencioso N° 7, rechazó la medida cautelar que la central sindical había presentado contra dos artículos de la ley de modernización laboral. Dichos artículos establecen el polémico traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fundamentos en disputa y respuesta gremial
Desde el entorno jurídico de la central obrera aclararon que el fallo tiene un impacto mayormente político y simbólico, ya que la acción de fondo continúa su curso. Sin embargo, las críticas a los fundamentos del magistrado no tardaron en llegar. Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, sostuvo que el juez «rechazó algo que no fue pedido», argumentando que la CGT solicitó una medida de «no innovar» y la respuesta judicial se basó en los criterios de una medida de «innovar».
A pesar de este revés, existe una vía paralela que ha resultado favorable: una medida cautelar impulsada por la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (ANMJ), la cual fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Esta resolución ordena a la Ciudad de Buenos Aires no instrumentar la ley hasta que se clarifique el panorama judicial, debido a la falta de infraestructura y juzgados necesarios en el fuero porteño para absorber la demanda de conflictos laborales.
Impugnación integral de la ley
El pasado jueves 12 de marzo, el equipo jurídico de la CGT dio un paso más agresivo al presentar una impugnación total de la ley ante la Justicia Nacional del Trabajo. Esta nueva presentación busca atacar la norma de manera integral, pero permitiendo también resoluciones parciales por parte de los magistrados. Los ejes centrales de este nuevo texto son:
- Principio de Progresividad: Se argumenta que la ley viola mandatos constitucionales e internacionales que prohíben retrocesos en los derechos ciudadanos sin una justificación excepcional.
- Derecho a Huelga: La impugnación resalta la vulneración de derechos colectivos y sindicales fundamentales.
- Banco de Horas: El gremio califica esta medida como inconstitucional, alegando que obliga al trabajador a negociar de forma individual, anulando la representación colectiva y el ius variandi.
En los próximos días se espera un debate sobre la competencia del fuero elegido, dado que las acciones contra el Estado suelen tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo. No obstante, los abogados de la CGT sostienen que, al estar en juego derechos fundamentales del trabajo, la Justicia Nacional del Trabajo debe mantener la potestad sobre el asunto.
