El denominado escándalo del «Criptogate» ha escalado de ser un traspié en la comunicación oficial a convertirse en una causa judicial que acorrala al núcleo duro del Poder Ejecutivo Nacional. La investigación, que gira en torno a la criptomoneda $LIBRA, ha tomado un giro dramático tras la difusión de versiones que indican que el presidente Javier Milei y su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, estarían evaluando un plan de asilo en Israel para eludir el accionar de la justicia.
El origen del conflicto: El colapso del token $LIBRA
La controversia se remonta a febrero de 2025, cuando el primer mandatario promocionó activamente en sus redes sociales el token $LIBRA, presentándolo como un proyecto privado de vanguardia para financiar empresas. Sin embargo, a pocas horas de su lanzamiento, el activo sufrió un desplome del 85% de su valor, una maniobra financiera conocida en el ambiente cripto como rug pull (tirón de alfombra), que dejó a miles de inversores particulares damnificados en todo el país.
La situación procesal se complicó este mes de marzo de 2026 con la incorporación de peritajes clave realizados sobre los dispositivos móviles de los impulsores del proyecto, entre ellos Mauricio Novelli. Los registros judiciales revelaron la existencia de 35 llamadas telefónicas entre los desarrolladores y el entorno presidencial en los minutos previos al lanzamiento del activo. Además, la justicia puso la lupa sobre un presunto contrato de US$ 5 millones que se habría pagado en concepto de promoción oficial del activo financiero.
La hipótesis del asilo político en Israel
Ante el avance de las causas por asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, diversos medios nacionales y portales de opinión han reportado que el entorno de los Milei analiza seriamente la posibilidad de solicitar asilo político en Israel una vez concluido el período de mandato.
Analistas internacionales señalan dos factores estratégicos que harían de este país el destino predilecto para una eventual salida del país:
- La ausencia de un tratado de extradición robusto: Lo que dificultaría el retorno de los funcionarios ante un eventual pedido de captura internacional.
- Relaciones diplomáticas personales: Los vínculos estrechos cultivados por el mandatario con el gobierno israelí facilitarían lo que sectores de la oposición ya califican como una «fuga disfrazada» de protección política.
Por el momento, el hermetismo en la Casa Rosada es total respecto a estas versiones, mientras la justicia federal continúa recolectando pruebas que podrían derivar en imputaciones formales para los máximos responsables del Estado.
