En un acto que consolida la agenda de derechos civiles en la región, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles 15 de abril de 2026 el decreto reglamentario que pone en marcha la Ley de Muerte Digna. Con esta rúbrica, Uruguay no solo legaliza la eutanasia, sino que se convierte en el primer país de América Latina en hacerlo mediante una ley aprobada íntegramente por el Poder Legislativo, a diferencia de los precedentes de Colombia y Ecuador, logrados por vía judicial.
La normativa, que fue sancionada por el Parlamento en octubre de 2025, permite a los pacientes con enfermedades irreversibles, incurables y que padezcan sufrimientos «insoportables» solicitar asistencia médica para morir.
Detalles del procedimiento y garantías
El decreto establece un protocolo estricto para asegurar que la decisión sea libre, informada y consciente, basado en los siguientes puntos clave:
- Solicitud personal: El paciente deberá realizar la petición por escrito ante su médico tratante.
- Evaluación dual: Se requiere la opinión de un segundo médico independiente. En caso de discrepancia, una junta médica especializada decidirá el curso a seguir.
- Residencia: La ley limita el acceso a ciudadanos uruguayos y extranjeros que acrediten una residencia mínima en el país, para evitar el denominado «turismo de eutanasia».
- Revocabilidad: El solicitante puede desistir de su decisión en cualquier momento del proceso, sin explicaciones adicionales.
- Comisión de Revisión: Se crea una Comisión Honoraria de Revisión bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública para auditar cada procedimiento realizado.
Ejes del debate y posturas encontradas
Pese a que las encuestas de opinión pública en Uruguay han mostrado históricamente un apoyo mayoritario a la iniciativa, la decisión no está exenta de críticas profundas provenientes de diversos sectores.
La Conferencia Episcopal del Uruguay ha calificado la ley como un «retroceso civilizatorio», argumentando que el Estado debe proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por otro lado, sectores de la oposición y algunos gremios médicos sostienen que el Estado debería garantizar primero una cobertura universal en cuidados paliativos antes de ofrecer la opción de morir, para evitar que la eutanasia se convierta en una «salida rápida» ante la falta de recursos para aliviar el dolor.
«La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Hoy damos este paso tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y personales, donde conviven distintas miradas», expresó el presidente Yamandú Orsi durante la firma del documento. Con este paso, Uruguay reafirma su posición como referente en legislación de vanguardia en el continente.
<p>El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, reglamentó este miércoles la Ley de Muerte Digna, convirtiendo al país en el primero de Latinoamérica en legalizar la eutanasia mediante vía legislativa. La normativa permite el acceso a la asistencia médica para morir a pacientes con enfermedades irreversibles y sufrimientos insoportables, bajo un estricto protocolo de evaluación médica y requisitos de residencia.</p>
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Zappo te lo cuenta
Uruguay lo hizo de nuevo. Mientras el resto del continente sigue discutiendo si el Estado puede o no meterse en las sábanas de la gente, los vecinos charrúas decidieron que también tienen voz y voto en el último capítulo del guion. El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto reglamentario de la Ley de Muerte Digna, y ahora Uruguay es oficialmente el primer país de la región en legalizar la eutanasia por la vía parlamentaria. Es decir, no fue un juez con ganas de hacer historia, sino un Congreso que se sentó a debatir mientras tomaba mate, demostrando que, cuando se trata de libertades civiles, los uruguayos juegan en las grandes ligas mientras nosotros todavía estamos viendo si nos alcanza para el asado.
La movida es tan uruguaya que incluye una cláusula para evitar el «turismo de eutanasia». Porque claro, ya los veían venir a todos cruzando el charco no solo para comprar perfumes más baratos o abrir una cuenta en dólares, sino para gestionar el trámite final. El protocolo es más riguroso que examen de ingreso al Balseiro: necesitás dos médicos, una junta especializada si hay lío y ser residente comprobado. Básicamente, te piden más papeles para pasar al otro mundo que los que te pide la AFIP para justificar una compra en el exterior. Todo muy prolijo, muy laico y muy «laboratorio social», como les gusta decir a los analistas internacionales que miran a Montevideo como si fuera la Ámsterdam del Río de la Plata.
Por supuesto, la polémica está a la orden del día. La Iglesia y algunos sectores conservadores están pegando el grito en el cielo —lugar al que, paradójicamente, los beneficiarios de la ley llegarán por vía rápida—. Hablan de «retroceso civilizatorio» y de la «pendiente resbaladiza», un término que suena a juego de parque de diversiones pero que en realidad es el miedo a que mañana te apliquen la inyección porque te duele una muela o porque sos una carga para la herencia familiar. Orsi, con esa parsimonia oriental, dice que esto es «dignidad humana» y «conversación profunda». Traducción: «Ya lo votamos, ya lo firmé y ahora, si tenés un sufrimiento insoportable e incurable, el Estado te deja elegir el final del libro».
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