La causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un nuevo capítulo de alto voltaje político. La diputada nacional Marcela Pagano presentó ante el juez federal un pedido de detención inmediata del funcionario, a quien acusa de haber intentado entorpecer la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
“Cuando tenés un funcionario con poder hay que mirar dos cosas: el riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimiento. En este caso me baso en la doctrina que ya aplicó Comodoro Py en otras oportunidades”, señaló Pagano en diálogo con Página/12, en referencia a la denominada “doctrina Irurzun”.
Según la legisladora, la gravedad del caso radica en la conducta atribuida al propio jefe de Gabinete frente a un testigo clave. “Esto debe ser tomado en cuenta tratándose del tercer cargo más importante del país. El entorpecimiento aparece cuando el testigo advierte que fue contactado antes de declarar y que le ofrecieron beneficios a cambio de borrar elementos probatorios”, afirmó.
En ese sentido, insistió en la necesidad de una medida urgente. “Le cabe esta medida. Lo que estoy planteando es también la protección del testigo, que reconoce haber sido presionado. Estamos ante un intento de interferir en el normal funcionamiento de la Justicia”, sostuvo.
Señalamientos sobre presión a testigos
El eje de la acusación se centra en el vínculo entre Adorni y Matías Tabar, contratista encargado de refacciones en una de sus propiedades. De acuerdo con la presentación judicial, el jefe de Gabinete se habría comunicado con él poco antes de su declaración testimonial.
Pagano sostiene que, en ese contacto, el funcionario le ofreció “ayuda” y el acceso a su equipo, al tiempo que le habría pedido borrar mensajes de WhatsApp intercambiados entre ambos. Para la diputada, estos hechos configuran un intento concreto de interferir en la producción de prueba.
Como respaldo jurídico, la legisladora invocó la “doctrina Irurzun”, que habilita la prisión preventiva de funcionarios en ejercicio cuando su posición de poder podría afectar el avance de una investigación.
Un patrimonio bajo la lupa
El pedido de detención se da en el marco de una causa que investiga el patrimonio de Adorni. Según el expediente, el funcionario acumula gastos y deudas por más de 800 mil dólares, sin correlato claro con sus ingresos.
Entre los puntos observados aparecen refacciones por unos 245 mil dólares en efectivo en una propiedad del country Indio Cua, viajes al exterior con altos costos y un esquema de préstamos de particulares, incluidos jubilados y policías, en lugar de créditos bancarios.
“Hay números que no cierran y movimientos que deben ser explicados”, resumió Pagano.
Declaraciones juradas y tensión política
La investigación también detectó omisiones en sus declaraciones juradas, como bienes que fueron incorporados recién cuando la causa ya estaba en curso. Para la diputada, ese elemento refuerza la necesidad de avanzar con las medidas solicitadas ante la Justicia.
Consultada sobre el plano político, Pagano apoyó el pedido de moción de censura: “Eso debería haberse hecho hace mucho tiempo. Me sumo y lo impulso”.
Con el expediente en marcha y el pedido de detención presentado, la situación judicial del jefe de Gabinete entra en una etapa decisiva. La Justicia deberá evaluar si hace lugar al planteo de la diputada y si considera acreditado el riesgo de entorpecimiento señalado en la presentación.
<p>La diputada nacional Marcela Pagano pidió la detención inmediata del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que investiga su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito. La legisladora lo acusa de haber intentado entorpecer la investigación al contactar a un testigo clave antes de su declaración.</p>
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La causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni entró en esa zona de la política argentina donde los expedientes dejan de caminar y empiezan a correr con zapatillas de oferta judicial. Este lunes, Marcela Pagano pidió la detención inmediata del jefe de Gabinete y la temperatura institucional subió varios grados, aunque sin necesidad de Servicio Meteorológico: bastó con mencionar Comodoro Py, WhatsApp y un testigo para que el ambiente quedara más espeso que sobremesa familiar con herencia pendiente.
Según la diputada, el problema no sería sólo que hay números que no cierran, sino que alguien habría intentado cerrar también los mensajes. Una arquitectura administrativa notable: primero se investiga una casa, después aparecen refacciones, luego un contratista, más tarde unos chats y finalmente la sospecha de que la prueba pudo haber sido enviada al cementerio digital donde reposan audios borrados, capturas inoportunas y promesas de campaña.
Pagano invocó la “doctrina Irurzun”, ese comodín judicial que en la política argentina aparece cuando el poder de un funcionario deja de ser un cargo y empieza a ser considerado una herramienta potencial para interferir en la investigación. La diputada planteó que, tratándose del tercer cargo más importante del país, la Justicia debería mirar con lupa el posible entorpecimiento. Una lupa, vale aclarar, de esas que no se consiguen en bazar: tiene que poder leer declaraciones juradas, préstamos particulares, reformas en countries y silencios que hacen ruido.
El centro de la escena quedó ocupado por Matías Tabar, contratista señalado como testigo clave por las refacciones realizadas en una propiedad. De acuerdo con la presentación, Adorni se habría comunicado con él antes de que declarara, le habría ofrecido “ayuda” y acceso a su equipo, y además le habría pedido borrar mensajes de WhatsApp. En cualquier país normal, eso sería una línea de investigación. En Argentina, además, es casi un género narrativo: thriller judicial con notificaciones, albañilería premium y tensión de grupo familiar.
Mientras tanto, el patrimonio del funcionario quedó bajo examen por gastos y deudas que superarían los 800 mil dólares, con refacciones por unos 245 mil dólares en efectivo, viajes al exterior y préstamos de particulares. La escena es delicada: la política pide explicaciones, la Justicia evalúa el expediente y la calculadora, pobre instrumento inocente, empieza a mirar todo con miedo, como si cada suma pudiera transformarse en una indagatoria.
La causa, por ahora, avanza entre denuncias, pedidos urgentes y una tensión política que ya dejó de golpear la puerta para directamente buscar las llaves. Pagano empujó también la moción de censura y volvió a marcar que las declaraciones juradas presentan omisiones. En el medio, Adorni enfrenta una ofensiva judicial y política de alto impacto, mientras el expediente parece haber decidido que mayo no sería un mes administrativo, sino una temporada completa de crisis con capítulos nuevos antes del cierre de edición.
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