Se reanudan en Río Gallegos las audiencias del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, luego de una semana de cuarto intermedio. El proceso busca determinar las responsabilidades penales de exintegrantes de la Armada Argentina por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017, en la que murieron los 44 tripulantes de la nave.
La continuidad del debate llega con un punto de tensión central: el pedido de familiares de algunas de las víctimas para que el Tribunal avance con pericias más exhaustivas sobre la totalidad del material probatorio, en particular sobre imágenes y videos del submarino.
El juicio y los acusados
El debate oral comenzó el 3 de marzo ante el Tribunal Oral de Santa Cruz, integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronet y Luis Giménez, con Guillermo Quadrini como suplente.
En el banquillo están los exoficiales Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. Todos están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Se trata de los únicos imputados en el expediente, que aún no determinó responsabilidades políticas por el hundimiento. Para los familiares, ese punto marca uno de los límites más sensibles del proceso judicial.
El reclamo por nuevas pericias
En las últimas semanas, el juicio se tensó por el pedido de un grupo de familiares de los tripulantes, que enviaron una carta al Tribunal para exigir que se realicen pericias exhaustivas sobre cerca de cinco terabytes de imágenes y videos del ARA San Juan.
El planteo fue presentado formalmente por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes. Según sostienen los familiares, el estudio técnico de ese material es imprescindible para esclarecer los hechos y avanzar hacia una verdad más completa.
Tagliapietra ya había solicitado estas pericias en mayo de 2019, en marzo y noviembre de 2020 ante la Cámara, y nuevamente en marzo de 2026, al inicio del actual juicio. Sin ese análisis, advirtieron, el proceso podría derivar en condenas limitadas sin que se determinen plenamente las responsabilidades.
La abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria con 34 familias, presentó análisis técnicos que confirmaron que las imágenes corresponden efectivamente al ARA San Juan. Sin embargo, marcó diferencias sobre la oportunidad procesal de avanzar ahora con nuevas pericias.
Carreras aseguró que “no somos partidarias de este tipo de pericias porque no es procesalmente el momento”. También sostuvo: “Claro que todos quieren saber como fueron los minutos finales del submarino, claro que si, pero si no se puede, ¿cuánto más va a tardar la duración de este juicio?”.
Una tragedia bajo análisis judicial
Durante las primeras audiencias, el Tribunal escuchó el requerimiento de elevación a juicio. La fiscalía sostuvo que el hundimiento no fue un evento fortuito, sino una “tragedia previsible”, vinculada con fallas críticas de mantenimiento y alertas previas que habrían sido ignoradas.
Durante la instrucción se detectaron advertencias sobre el deterioro de las baterías y la falta de ingresos a dique seco, entre ellas informes de la SIGEN y de la propia Inspección General de la Armada. Para la acusación, esos antecedentes forman parte del cuadro de responsabilidades que deberá analizar el Tribunal.
El juicio tiene citados alrededor de 120 testigos y se prevé que continúe de manera alternada hasta julio, con audiencias de lunes a jueves en semanas intercaladas. La continuidad del proceso dependerá ahora de cómo el Tribunal administre la producción de prueba, los testimonios pendientes y los planteos de las partes.
Con las audiencias nuevamente en marcha, la causa entra en una etapa clave. Los familiares reclaman que se profundice el análisis técnico del material disponible, mientras el Tribunal debe definir si avanza con nuevas medidas de prueba o si continúa el debate con los elementos ya incorporados al expediente.
