La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación dio por cumplimentado el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), un programa histórico del sector que era ejecutado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
La decisión fue formalizada a través de la Resolución 55/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Según el organismo nacional, el plan quedó discontinuado al considerar que se agotó “el horizonte temporal en el que fue concebido para el logro de sus metas y objetivos estratégicos”.
El fin de un programa vigente desde 2004
El PEVI se ejecutaba desde 2004 y se financiaba mediante contribuciones obligatorias del sector privado, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nacional Nº 25.849, que instituyó formalmente a la Coviar y le otorgó al plan rango de ley.
La nueva normativa también establece que la Coviar deberá presentar “un informe detallado del grado de cumplimiento de los objetivos obtenidos, las acciones ejecutadas, el estado de los recursos y cualquier otra información que sea relevante vinculada a la gestión del Plan”.
“El Plan fue concebido con un horizonte temporal de ejecución para el logro de sus objetivos y metas que hoy se da por cumplido”, concluyó el comunicado de Agricultura.
Cómo se financiaba el PEVI
Tanto el PEVI como la Coviar se financiaban con aportes del sector privado, estuvieran o no adheridos a la entidad, a partir de una contribución obligatoria.
Hasta abril del año pasado, las empresas debían abonar $0,49 por cada tetrabrik de vino cuyo valor era de $2.500, o $0,87 por una botella de $5.957. Independientemente de cómo se comercializara el producto, los privados debían aportar entre el 0,005% y el 0,0020% del precio final.
En agosto de 2025, la Coviar decidió aplicar un aumento del 45% en las contribuciones, medida que fue rechazada por entidades empresarias como Bodegas Argentinas.
El cuestionamiento del Gobierno
Uno de los principales detractores del plan y de la obligatoriedad de las contribuciones privadas fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“Hoy, luego de más de 20 años, terminamos con esta aberración que tenía a la industria del vino y a todos nosotros como víctimas”, indicó Sturzenegger en su cuenta oficial de X.
Según repasó el funcionario nacional, “desde 2004 (¡ay kukitas!), todas las bodegas y productores del país pagaban una contribución obligatoria por elaborar, por embotellar y por vender. Sí, los tres. Pero ese tributo no iba al Estado sino que iba a financiar a la Coviar, una entidad conducida por el sector privado y cuyo objetivo era implementar el PEVI, que prometía posicionar a la Argentina entre las industrias vitivinícolas más destacadas del mundo, alcanzar exportaciones por US$ 2.000 millones anuales y capturar el 10% del volumen del comercio mundial de vinos para el año 2020”.
“La realidad 22 años después es que las exportaciones nunca llegaron a la marca de US$ 2.000 millones anuales y la participación argentina en las exportaciones mundiales se mantiene por debajo del 2,5%, muy lejos del 10% prometido”, sostuvo Sturzenegger.
En esa línea, el ministro señaló que “en total entre 2004 y 2025 se le sacaron al sector (lo pagamos todos nosotros) US$ 300 millones para financiar resultados que nunca llegaron. Es decir que la Coviar, lejos de aportar competitividad, en realidad la reducía. Para colmo, en 2024 el ajuste de la contribución superó a la inflación en 97,2 pp y en 2025 en 13,5 pp. El plan fracasaba y la contribución, en vez de bajar, subía por encima de la inflación. Sí……, ¡la misma Coviar se atribuía la facultad de aumentarse su propia contribución! Ay Diosito mío”.
Por último, Sturzenegger remarcó: “una cámara empresaria no puede financiarse con un impuesto obligatorio recaudado por el Estado. Si una bodega quiere asociarse a ‘Bodegas de Argentina’ o a ‘Wines of Argentina’ lo hace voluntariamente, sostiene a la cámara con su aporte, y si considera que no le aporta valor, se va. Eso es libertad de asociación. Acá el Estado convertía en obligatorio el financiamiento de una entidad privada, y a quien no pagaba le clausuraban la bodega. A esto se suma que tampoco existía transparencia ni información certera sobre el uso de los fondos que iban a parar a la Coviar”.
Con la Resolución 55/2026, el Gobierno nacional dio por finalizado el esquema del PEVI y ordenó a la Coviar rendir información sobre la ejecución del plan, el estado de los recursos y el grado de cumplimiento de sus objetivos.
