Las cámaras de proveedores mineros Caprimsa y Casemi respaldaron el proyecto de Ley de Desarrollo Minero, que comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados de San Juan, aunque coincidieron en que la iniciativa aún puede perfeccionarse. Ambas entidades solicitaron modificaciones para garantizar que la participación institucional de las cámaras quede establecida de manera permanente dentro del texto de la futura norma.

El pedido de Caprimsa

El presidente de Caprimsa, Fernando Godoy, explicó que la entidad acompaña el proyecto, pero considera necesario modificar el artículo 16 para que la representación de las cámaras quede incorporada directamente en la ley.

«Queremos impulsar este proyecto porque lo venimos reclamando desde hace muchos años. Lo único que buscamos es que la participación de las cámaras quede garantizada por la propia ley y no dependa de una reglamentación posterior», sostuvo.

Godoy señaló además que el objetivo es evitar que la integración de las cámaras dependa de decisiones del Poder Ejecutivo. «No queremos depender del criterio o del humor de un gobierno de turno. Creemos que la representación institucional debe quedar incorporada en la ley para darle estabilidad y previsibilidad al sistema», afirmó.

La postura de Casemi

El presidente de Casemi, Juan Pablo Delgado, destacó que uno de los principales aportes del proyecto es establecer una definición única sobre qué se considera un proveedor sanjuanino, ya que hasta el momento cada empresa operadora aplicaba criterios diferentes.

«Cuando fuimos convocados, uno de los puntos centrales fue definir qué es un proveedor sanjuanino. Hasta este momento cada empresa tenía su propio concepto y esta ley permitirá unificar ese criterio», señaló.

Delgado también remarcó que la iniciativa busca fortalecer a las empresas locales sin restringir la competencia. «No es una ley que impida el ingreso de proveedores de otras provincias o del exterior. Todo lo contrario, busca desarrollar a las empresas de San Juan para que puedan crecer y responder a la demanda que generarán los nuevos proyectos mineros», expresó.

Licitaciones y expectativas

Consultado sobre las recientes adjudicaciones vinculadas al proyecto Vicuña, Delgado sostuvo que la futura ley no garantizará que los contratos queden en manos de empresas sanjuaninas.

«La ley no nos va a garantizar adjudicaciones. Lo importante es profundizar el diálogo con las operadoras. Nosotros presentamos una nota, fuimos recibidos y nos explicaron los motivos por los cuales se resolvió la licitación», indicó.

Asimismo, precisó que en ese proceso ninguna de las ofertas correspondía íntegramente a firmas locales. «La adjudicación terminó definiéndose por la mejor propuesta económica y ninguna de las empresas que participaron era exclusivamente sanjuanina», manifestó.

Desde Caprimsa insistieron en que el proyecto fue elaborado con una mirada compatible con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aclararon que el objetivo no es frenar su aprobación, sino fortalecer el texto definitivo.

«Venimos solicitando una norma para los proveedores desde hace muchos años. Queremos acompañarla y fortalecerla para que funcione correctamente y brinde seguridad institucional a todos los actores», concluyó Godoy.

Mientras el proyecto continúa su análisis en las comisiones de la Cámara de Diputados, el intercambio entre las cámaras de proveedores y el Gobierno se concentra en los ajustes que podrían incorporarse antes de que la Ley de Desarrollo Minero llegue al recinto para su tratamiento definitivo.