La medida quedó establecida a través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial. A partir de esta norma, alcanza con que una firma esté constituida y domiciliada en Argentina para ingresar bajo la categoría de proveedora nacional, sin importar si su capital pertenece a firmas extranjeras o si sus accionistas residen en el exterior.

Hasta la entrada en vigencia del nuevo texto, el esquema exigía que las compañías estuvieran constituidas y domiciliadas en el país, pero además debían contar con al menos el 51% del capital o de los votos bajo titularidad de personas con domicilio fiscal en Argentina.

Los reclamos en San Juan y el esquema provincial

La modificación regulatoria provocó el rechazo inmediato de entidades del sector en la provincia. La Cámara de Proveedores Mineros de San Juan (CAPRIMSA) fue la primera en cuestionar la redefinición de los requisitos, postura a la que luego se sumó la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (CASEMICA).

La provincia de San Juan se acogió al régimen general creado por la Ley Nacional 27.742 mediante el decreto provincial 1032/26, ratificado en el Boletín Oficial de San Juan. Frente a la apertura nacional, las empresas del sector evalúan el alcance operativo de las normas locales que regulan la contratación de mano de obra y compras dentro de los proyectos mineros radicados en territorio sanjuanino.