El Gobierno confirmó la exclusión de un mendocino del programa IPV Mi Casa, tras rechazar el recurso con el que buscaba recuperar su postulación, obtenida por sorteo para el emprendimiento Río Diamante IV. La decisión quedó firme luego del análisis de la Asesoría de Gobierno sobre los plazos y la notificación del organismo provincial.
El plazo que desencadenó el conflicto
El conflicto comenzó cuando el Instituto Provincial de la Vivienda le otorgó un plazo de cinco días corridos para presentar los papeles exigidos. Al enviar el aviso un día viernes, el tiempo real de gestión quedó reducido a tres días hábiles, una exigencia que la propia Asesoría de Gobierno calificó como un accionar “excesivamente riguroso”.
Sin embargo, las autoridades remarcaron que el organismo comunicó la exigencia un año y dos meses después del sorteo, mediante un correo electrónico sin avisos previos.
A pesar de cuestionar la severidad del mecanismo aplicado por el IPV, el Poder Ejecutivo determinó que el participante mostró desidia al momento de defender sus derechos. El postulante acudió a las oficinas en febrero de 2024, pero esperó hasta mayo del mismo año para realizar un reclamo formal por escrito, dejando pasar más de cinco meses desde el vencimiento del período original.
Por qué quedó afuera del programa
La resolución oficial señala que el tiempo transcurrido anuló la posibilidad de revertir la medida, debido a que el retraso afectó la seguridad jurídica del proceso y los derechos de un suplente que ya ocupó el lugar vacante.
Frente a esta situación, el gobernador firmó el decreto que rechaza el reclamo en lo sustancial, agotando la vía administrativa y dejando abierta únicamente la opción de recurrir a la Justicia provincial dentro de los próximos treinta días.
El Gobierno confirmó la exclusión de un mendocino del programa IPV Mi Casa, pese a que había resultado adjudicatario por sorteo para el emprendimiento Río Diamante IV. El reclamo fue rechazado por cuestiones vinculadas con los plazos para presentar documentación y formalizar la impugnación, por lo que la decisión quedó firme en la vía administrativa.
Ganó el sorteo de una casa del IPV, pero el premio venía con una letra chica que terminó pesando más que la bolilla ganadora. El organismo le dio cinco días corridos para presentar documentación y el aviso llegó un viernes, por lo que el margen real quedó reducido a tres días hábiles.
La propia Asesoría de Gobierno consideró que el mecanismo había sido “excesivamente riguroso”. Pero la historia no terminó ahí: el adjudicatario fue a las oficinas en febrero de 2024 y recién presentó el reclamo formal en mayo, cuando ya habían pasado más de cinco meses desde el vencimiento del plazo.
El expediente terminó convertido en una carrera contra el calendario, con una casa sorteada de un lado y los plazos administrativos del otro. Y en estos trámites, el almanaque puede tener más poder que el azar: si la fecha pasó, pasó.
El Gobierno sostuvo que la demora afectó la seguridad jurídica del proceso y los derechos de un suplente que ya había ocupado la vacante. Por eso, el gobernador rechazó el planteo y agotó la vía administrativa.
Ahora al adjudicatario le queda la posibilidad de recurrir a la Justicia provincial dentro de los próximos treinta días. La casa se ganó en un sorteo; recuperarla, al menos por esta vía, será otro concurso.