El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó, mediante la Resolución 663/2026, un programa destinado a brindar conectividad satelital a 6.000 establecimientos educativos rurales a través de Starlink Argentina. La iniciativa contempla tres años de servicio y moviliza recursos y prestaciones valuados en un total de USD 21,876 millones.
El esquema establece que Starlink aportará bienes y servicios valuados en USD 9,978 millones, mientras que el Fondo del Servicio Universal podrá destinar hasta USD 11,898 millones para completar la implementación y funcionamiento del programa.
Qué aporta Starlink y cuánto pone el Estado
La contribución de Starlink comprende 6.000 kits satelitales, accesorios, logística y 24 meses de servicio. El aporte estatal, por su parte, no estará limitado a la instalación: también contempla tareas de monitoreo, administración, atención de incidentes y un tercer año de conectividad.
De esta manera, los establecimientos incluidos en el programa dispondrán de 36 meses de servicio cubierto. Una vez finalizado ese período, las provincias o municipios que hayan adherido deberán resolver si continúan con la prestación y, en ese caso, asumir su costo.
Uno de los puntos que abrió la controversia es que no se conoció una licitación o compulsa pública previa que permitiera comparar formalmente la propuesta de Starlink con alternativas de ARSAT u otros prestadores.
El programa se originó a partir de una carta de intención presentada por Starlink el 15 de julio y posteriormente fue instrumentado bajo la figura de una “donación con cargo”. Esa modalidad implica que la compañía aporta equipamiento y dos años de conectividad, mientras el Estado compromete recursos del Fondo del Servicio Universal para completar la implementación y sostener el tercer año.
El cuestionamiento de ARSAT y la discusión por los precios
Desde ARSAT surgieron críticas por la falta de una instancia competitiva. Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de la empresa, cuestionó que compañías argentinas no hubieran tenido la posibilidad de competir y planteó reparos sobre el uso de recursos del Fondo del Servicio Universal en un programa que involucra a una empresa extranjera.
Mc Govern también informó valores de aproximadamente USD 60 o 70 mensuales para servicios brindados por ARSAT. En paralelo, se difundió una estimación de alrededor de USD 160 mensuales para una eventual continuidad futura con Starlink.
Sin embargo, esa comparación requiere contexto. Los USD 160 no aparecen establecidos como una tarifa definitiva en la resolución, sino que corresponden a una estimación sobre el eventual costo posterior al período cubierto. Además, las prestaciones de ambas compañías no son directamente equivalentes.
Las conexiones satelitales actualmente atribuidas a ARSAT entregarían velocidades de entre 3 y 5 Mbps, mientras que Starlink ofrece, en principio, mayores velocidades y menor latencia. Por ese motivo, la diferencia de precios por sí sola no permite determinar qué alternativa representa un menor costo en relación con las prestaciones ofrecidas.
Cuántas escuelas conecta ARSAT y qué información falta
Otro de los puntos discutidos es la cantidad de establecimientos actualmente atendidos por ARSAT. Las cifras recientes indican que la empresa brindaría conectividad satelital a aproximadamente 1.845 escuelas: unas 1.500 mediante ARSAT-1 y las restantes a través de SES-17.
Además, ARSAT coordinaría la conexión terrestre de aproximadamente 11.000 establecimientos mediante operadores vinculados con la Red Federal de Fibra Óptica. Por ese motivo, cifras que ubican en 32.000 las escuelas conectadas directamente por la empresa no coinciden con los datos recientes disponibles y podrían corresponder a programas, universos acumulados o etapas anteriores.
ARSAT también sostiene que el Estado le adeuda más de USD 60 millones por servicios prestados. La cifra fue planteada públicamente por Mc Govern, aunque no se dispone de un documento contable oficial que permita determinar el origen completo de esa deuda, qué organismos la generaron, desde cuándo se acumula o qué proporción corresponde específicamente a conectividad educativa.
Entre los interrogantes que permanecen alrededor del programa también aparecen los parámetros técnicos de la prestación, la velocidad mínima garantizada, eventuales límites de datos y el detalle de los establecimientos alcanzados.
El punto central de la controversia, por lo tanto, no se limita a determinar si ARSAT cobra menos o si Starlink ofrece mejores prestaciones. La ausencia de una competencia pública conocida impide contar con una evaluación oficial que permita comparar, bajo las mismas condiciones, costos, cobertura, velocidad, capacidad y tiempos de despliegue de las distintas alternativas.
El programa garantiza tres años de conectividad para 6.000 escuelas rurales y compromete hasta USD 11,898 millones del Fondo del Servicio Universal. Cumplido ese plazo, la continuidad dependerá de las provincias o municipios que decidan sostener el servicio y afrontar su costo.
