El Senado de la Nación aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y presentada por el presidente Javier Milei a fines de julio. La votación concluyó con 46 votos afirmativos, 22 negativos y ninguna abstención.

Sin embargo, el proyecto todavía no quedó sancionado definitivamente. La Cámara alta introdujo modificaciones al texto que contaba con media sanción de Diputados, por lo que deberá regresar a la Cámara baja para que sean analizados los cambios.

El cambio que obliga al proyecto a volver a Diputados

Uno de los principales puntos modificados fue el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central. El texto aprobado inicialmente en Diputados establecía la intervención de ambas cámaras y exigía una mayoría de dos tercios para remover al presidente y a los directores de la entidad.

La versión aprobada por el Senado estableció que la designación y eventual remoción de las autoridades quedará en manos de la Cámara alta y requerirá mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de sus miembros.

Además, las autoridades del Banco Central tendrán mandatos de seis años y podrán continuar en sus funciones mediante el mismo mecanismo establecido para su designación.

Qué modifica la reforma del Banco Central

La iniciativa redefine las funciones y herramientas del BCRA y establece que preservar el valor de la moneda será su misión primaria y fundamental. El cambio deja atrás el esquema de objetivos múltiples vigente desde 2012 y elimina facultades para orientar el crédito hacia determinados sectores.

Otro de los puntos centrales es la restricción del financiamiento directo al Estado. La reforma elimina los adelantos transitorios y prohíbe préstamos del Banco Central al Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

También queda prohibida la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario. No obstante, el BCRA podrá continuar operando con títulos en el mercado secundario, además de divisas y otros activos financieros, siempre que esas operaciones respondan a objetivos de regulación monetaria, cambiaria, financiera o crediticia.

La propuesta introduce además nuevas reglas para la distribución de utilidades. Solo podrán transferirse al Estado ganancias realizadas y líquidas, mientras que los resultados originados por variaciones del tipo de cambio o del valor del oro deberán incorporarse al capital o a las reservas de la entidad.

En materia de saneamiento del balance, el proyecto establece que, mientras permanezcan pendientes los adelantos transitorios y las letras intransferibles que mantiene el Estado con el Banco Central, determinados resultados del organismo deberán destinarse exclusivamente a cancelar esas obligaciones.

La reforma también dispone que las reservas internacionales serán inembargables y amplía las alternativas disponibles para invertirlas o utilizarlas como garantía en operaciones propias de banca central.

El debate entre el oficialismo y la oposición

Durante la discusión parlamentaria, el oficialismo defendió la reforma como una herramienta destinada a preservar el valor de la moneda, impedir que el Banco Central vuelva a financiar directamente al Estado mediante emisión y fortalecer la independencia de la autoridad monetaria.

Desde sectores de la oposición, en cambio, cuestionaron la reducción de las funciones del organismo y el cambio hacia un objetivo central concentrado en la estabilidad de la moneda.

También se plantearon objeciones sobre las nuevas facultades relacionadas con las reservas, el financiamiento externo y el posible uso de activos del organismo como garantía. Durante el debate hubo además advertencias sobre los efectos que la reforma podría generar sobre el crédito y el desarrollo productivo.

Con las modificaciones incorporadas por el Senado, la reforma todavía deberá superar una nueva instancia en Diputados, que tendrá que pronunciarse sobre los cambios realizados por la Cámara alta antes de que el texto pueda quedar definitivamente sancionado.

El Senado también trató cambios en la Zona Fría

Luego del tratamiento de la reforma del Banco Central, el Senado avanzó con el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y reduce el alcance del subsidio al gas.

La propuesta mantiene el beneficio para la Patagonia, Malargüe y la Puna, además de determinados grupos de usuarios vulnerables, pero deja fuera del esquema territorial a localidades mendocinas que habían sido incorporadas al régimen en 2021.

También modifica la forma de calcular la bonificación, que dejaría de aplicarse sobre el total de la factura para concentrarse en el componente correspondiente al gas.

En este punto, Rodolfo Suarez y Mariana Juri anticiparon su rechazo al proyecto, diferenciándose de la postura que adoptaron al acompañar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.