El Gobierno del Reino Unido rechazó formalmente el arbitraje internacional impulsado por la Argentina para intentar frenar la explotación de hidrocarburos vinculada con el proyecto Sea Lion en la zona de las Islas Malvinas y convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para comunicarle su posición. La medida fue confirmada por la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran.
La comunicación a la diplomática argentina se produjo el martes, antes de que Londres hiciera pública su respuesta. El Gobierno británico sostuvo que el planteo argentino busca afectar los derechos y la actividad económica de los habitantes de las islas y cuestionó su impacto sobre la relación bilateral.
En el texto difundido por Kumaran, el Reino Unido defendió el derecho de los habitantes de las islas a administrar sus recursos naturales. “El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, escribió la funcionaria.
También afirmó que las actividades relacionadas con los hidrocarburos se encuentran reguladas por la legislación británica aplicada en las islas y que se desarrollan “en plena conformidad con el derecho internacional”.
La funcionaria británica calificó la decisión argentina como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas”. Además, sostuvo que los esfuerzos argentinos para impedir la actividad económica en el archipiélago “no constituyen actos de una relación internacional responsables”.
El comunicado agregó que estas acciones generan “interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”. Kumaran ratificó además el respaldo británico al gobierno de las islas y a sus habitantes.
El arbitraje impulsado por Argentina
El Gobierno argentino anunció el lunes el inicio de un procedimiento de arbitraje conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo planteado por Buenos Aires es impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto denominado Sea Lion.
Según el comunicado oficial argentino, la iniciativa busca además evitar “la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para explotar recursos naturales en la plataforma continental argentina.
El Gobierno de Javier Milei sostiene que la explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y de los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y afecta los derechos de soberanía que Argentina reivindica sobre esos territorios.
El presidente Javier Milei indicó que, si el Reino Unido no detenía la explotación considerada ilegítima por la Argentina dentro de un plazo de dos semanas, el país recurriría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, organismo creado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El Tribunal está integrado por 21 miembros independientes y tiene jurisdicción sobre controversias relacionadas con la interpretación o aplicación de la Convención.
Una nueva disputa por el proyecto Sea Lion
El conflicto se concentra en el proyecto Sea Lion, vinculado con la exploración y futura explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La Argentina cuestiona la actividad por considerar que se desarrolla sobre recursos correspondientes a su plataforma continental.
El Reino Unido, por su parte, sostiene que las actividades hidrocarburíferas en las islas se encuentran dentro del marco legal que aplica allí y defiende el derecho de sus habitantes a administrar sus recursos. Esa diferencia vuelve a colocar la disputa de soberanía en el centro de la relación bilateral.
La respuesta británica se conoció después de que Argentina formalizara el procedimiento internacional. La convocatoria de Plaza agregó un nuevo capítulo diplomático al conflicto, mientras ambos gobiernos mantienen posiciones enfrentadas sobre la soberanía de las islas y sobre la explotación de los recursos naturales de la zona.
