El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces avanza con una serie de operaciones comerciales que la fiscalía considera relevantes para demostrar un presunto mecanismo de lavado de activos vinculado con empresas beneficiadas por contratos de obra pública en Santa Cruz.
Entre los episodios incorporados a la acusación figura el pago de $786.227,75 por alojamiento de personal en un hotel de El Calafate, pese a que los lugares donde esos trabajadores supuestamente debían desempeñar sus tareas se encontraban a cientos de kilómetros.
Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, las obras estaban ubicadas en Comandante Luis Piedrabuena y en diferentes tramos de la Ruta Nacional 3, a distancias de entre 391 y 472 kilómetros del establecimiento hotelero. Esa circunstancia implicaba recorridos de varias horas para trasladarse desde el alojamiento hasta los puestos de trabajo.
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El episodio forma parte de las pruebas que serán examinadas en el proceso contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros 16 acusados.
El Tribunal Oral Federal 5 tiene a su cargo el debate conjunto de Hotesur y Los Sauces. La lectura de la acusación correspondiente a esta última investigación ya concluyó, mientras que el tratamiento de Hotesur permitirá profundizar en las operaciones hoteleras señaladas por los fiscales.
Cristina Kirchner y Báez también enfrentan el juicio de la causa Cuadernos. De acuerdo con el esquema de audiencias, ese proceso se desarrolla los martes y jueves, mientras que Hotesur-Los Sauces ocupa los lunes, miércoles y viernes, inicialmente mediante conexiones virtuales.
La expresidenta participa desde su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, mientras que Báez se conecta desde la cárcel de Ezeiza. Está previsto que la modalidad virtual finalice cuando comiencen las declaraciones indagatorias.
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Ambos ya fueron condenados a seis años de prisión en la causa Vialidad, vinculada con irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz.
La acusación por lavado de activos y el papel de los hoteles
La causa Hotesur investiga una presunta maniobra de lavado de activos mediante operaciones hoteleras, que habría permitido incorporar al circuito comercial fondos provenientes de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública.
La investigación fue enviada a juicio por el juez federal Julián Ercolini y tuvo como fiscales acusadores a Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Según la hipótesis fiscal, Cristina Fernández de Kirchner habría integrado junto con el fallecido expresidente Néstor Kirchner una organización destinada a diseñar, ejecutar y dirigir un mecanismo de lavado de activos mediante la actividad hotelera.
Los investigadores sostienen que parte del dinero provenía de contratos de obra pública vial adjudicados a empresas de Lázaro Báez, que posteriormente mantenían relaciones comerciales con los hoteles de la familia Kirchner a través de la firma gerenciadora Valle Mitre.
La fiscalía también atribuyó a Cristina Kirchner y Máximo Kirchner participación en operaciones destinadas a obtener fondos para adquirir establecimientos hoteleros.
Entre los movimientos identificados figuran ventas de propiedades a Austral Construcciones y Epelco por $15.103.096,50, un préstamo de Austral Construcciones por $8.329.596,50 y créditos otorgados por el Banco Santa Cruz por $10.277.933,82.
La acusación también menciona operaciones inmobiliarias vinculadas con tierras fiscales de El Calafate, adquiridas por $135.002,80 y posteriormente vendidas por USD 2.000.000, en las que la expresidenta habría prestado asentimiento conyugal.
Otros movimientos investigados incluyen la compra de la Hostería Las Dunas por USD 700.000 y la adquisición de Hotesur, propietaria del Hotel Alto Calafate, por USD 4.900.000.
Asimismo, se examinó la donación de 10.000 acciones de la sociedad familiar a Máximo Kirchner, una operación que, según la fiscalía, permitió cumplir con el requisito legal de pluralidad de accionistas.
En la última etapa de la presunta maniobra, la acusación señala la ratificación de la contratación de Valle Mitre para administrar los hoteles.
Los fiscales consideran que Cristina Kirchner y su familia se habrían beneficiado económicamente de los alquileres abonados por esa empresa, cuyos ingresos provenían en gran medida de la contratación de habitaciones por parte de compañías vinculadas con Báez.
En ese contexto, el dictamen identificó $6.909.708 correspondientes a Las Dunas y $28.597.624 por la cesión y explotación del Alto Calafate.
Más de $38 millones en alquileres y un circuito de empresas
Uno de los ejes centrales de la investigación es el funcionamiento de Valle Mitre como administradora de los establecimientos hoteleros y su relación comercial con empresas del Grupo Báez.
Para la fiscalía, esa sociedad habría actuado como un nexo entre fondos presuntamente ilícitos provenientes de compañías beneficiadas con obra pública nacional y los pagos realizados a la familia Kirchner por el alquiler y explotación de sus hoteles.
La acusación sostiene que los contratos de hospedaje, servicios, consultorías y marketing habrían permitido justificar parte de los movimientos de dinero investigados.
Según el requerimiento fiscal, la familia Kirchner recibió al menos $38.344.056 entre 2008 y 2013 por el alquiler y explotación de tres establecimientos: el Hotel Alto Calafate, la Hostería Las Dunas y el Hotel La Aldea del Chaltén.
La cifra corresponde a valores nominales de cada período y constituye uno de los elementos utilizados por los investigadores para sostener la hipótesis de lavado de activos.
El Hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur, fue identificado como el principal canal de ingresos dentro del esquema investigado.
La fiscalía calculó que Valle Mitre abonó $28.597.624 por la cesión y explotación comercial del establecimiento entre noviembre de 2008 y julio de 2013.
La segunda vía de ingresos fue la Hostería Las Dunas, adquirida por Néstor Kirchner en febrero de 2008.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, Valle Mitre transfirió $6.909.708 por el alquiler del establecimiento entre marzo de 2010 y mayo de 2013, con un canon mensual de $177.172.
Antes de ese contrato directo con la familia Kirchner, la misma administradora había abonado $10.000 mensuales a Kank y Costilla por la concesión del hotel, según la documentación citada por los investigadores.
El tercer establecimiento fue La Aldea del Chaltén, adquirido por la sociedad Los Sauces en abril de 2009 por $200.000.
La fiscalía atribuyó a Valle Mitre pagos por $2.836.724 relacionados con la explotación comercial de ese hotel.
Esta última operación integra específicamente la causa Los Sauces, aunque también fue mencionada en el requerimiento de Hotesur para describir el funcionamiento general de las relaciones comerciales investigadas.
En términos contractuales, Valle Mitre actuó como principal pagador de los establecimientos, mediante acuerdos de alquiler y explotación celebrados con Hotesur, Los Sauces y la sucesión de Néstor Kirchner.
Los pagos del Grupo Báez y las pruebas que analizará el tribunal
La investigación también reconstruyó las transferencias realizadas por empresas del Grupo Báez a Valle Mitre, que recibía fondos por la contratación de habitaciones y otros servicios.
Entre las compañías mencionadas figuran Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, además de otras sociedades del conglomerado empresario.
Según la reconstrucción contable incorporada al dictamen, esas firmas transfirieron a Valle Mitre un total de $75.870.060,24.
Austral Construcciones concentró la mayor parte de los movimientos, con $70.949.170,95, equivalentes al 93,53% del total identificado.
Los investigadores también determinaron que, entre 2010 y 2011, el Grupo Báez representó el 56% de la facturación de Valle Mitre.
La acusación considera que esa concentración de ingresos constituye un elemento relevante para examinar la relación económica entre las constructoras y los hoteles vinculados con la familia Kirchner.
En ese contexto se ubica el episodio del alojamiento de trabajadores en El Calafate, pese a que las obras donde debían cumplir funciones estaban a entre 391 y 472 kilómetros.
Para la fiscalía, las distancias y las características de las contrataciones forman parte de los indicios que deberán evaluarse para determinar si los servicios hoteleros respondían a necesidades comerciales efectivas o si se utilizaron para justificar transferencias de dinero.
Otro hecho incorporado a la investigación es el cambio en la administración de los establecimientos ocurrido el 31 de julio de 2013, cuando Valle Mitre dejó de gerenciar los hoteles.
Los fiscales vincularon esa modificación con la exposición pública de las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y la familia Kirchner.
Posteriormente, IDEA, una empresa relacionada con el también acusado Osvaldo Sanfelice, asumió la administración del Hotel Alto Calafate.
Entre los protagonistas del proceso también se encuentra Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, quien participa presencialmente de las audiencias de Hotesur-Los Sauces.
Manzanares declaró como arrepentido en la causa Cuadernos y anticipó que también realizará una confesión cuando sea convocado a prestar declaración indagatoria en este juicio.
El debate oral deberá establecer la responsabilidad penal de los acusados y determinar si las operaciones hoteleras e inmobiliarias investigadas constituyeron actividades comerciales legítimas o si, como sostiene la fiscalía, formaron parte de un mecanismo destinado a lavar fondos provenientes de irregularidades en la obra pública.
Las cifras, los contratos, las transferencias bancarias y las circunstancias de las reservas hoteleras serán elementos centrales del análisis del Tribunal Oral Federal 5, que deberá valorar las pruebas y los argumentos de las partes antes de dictar sentencia.
El Tribunal Oral Federal 5 avanza con el juicio de la causa Hotesur-Los Sauces contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y otros 16 acusados. La fiscalía investiga presuntas maniobras de lavado de activos mediante operaciones hoteleras e inmobiliarias vinculadas con fondos de la obra pública. Entre las pruebas figuran pagos por alojamientos ubicados a cientos de kilómetros de los lugares de trabajo.
La Patagonia argentina tiene paisajes extraordinarios, distancias monumentales y una particular interpretación del turismo corporativo. Según la acusación de la causa Hotesur, una empresa vinculada con Lázaro Báez pagó $786.227,75 para alojar trabajadores en un hotel de El Calafate, aunque las obras donde supuestamente debían desempeñarse estaban a entre 391 y 472 kilómetros. Una modalidad de hospedaje que, de confirmarse la hipótesis fiscal, convertiría el viaje diario al trabajo en una travesía digna de una expedición científica, con la diferencia de que los exploradores al menos suelen saber por qué están recorriendo semejantes distancias.
El dato forma parte del juicio contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y otros 16 acusados. La fiscalía sostiene que las operaciones hoteleras habrían servido para canalizar fondos provenientes de irregularidades en la adjudicación de obra pública. La explicación comercial de las habitaciones ocupadas por trabajadores adquiere una dimensión particularmente interesante cuando el hotel queda a varias horas de los lugares donde esos empleados debían presentarse. Una logística que parece diseñada por alguien que confundió la contratación de alojamiento con la organización del Rally Dakar.
Pero el expediente no se limita a discutir distancias. También aparecen contratos, alquileres, sociedades, préstamos y transferencias millonarias. Según la acusación, la familia Kirchner recibió al menos $38.344.056 por la explotación y el alquiler de tres establecimientos entre 2008 y 2013. Valle Mitre administraba los hoteles y recibía pagos de empresas del Grupo Báez. Una estructura comercial cuya complejidad podría requerir un mapa conceptual, varios contadores y una paciencia considerable para comprender por qué una constructora necesitaba convertirse en protagonista del negocio hotelero.
El Alto Calafate aparece como una de las piezas centrales de la investigación. La fiscalía atribuye a Valle Mitre pagos por más de $28 millones relacionados con su explotación. También figuran Las Dunas y La Aldea del Chaltén. La Patagonia, tradicionalmente asociada con glaciares, montañas y turismo, incorpora así a su repertorio una ruta menos promocionada: el circuito judicial de los contratos de hospedaje.
Mientras tanto, Cristina Kirchner y Lázaro Báez comparten protagonismo en distintos procesos judiciales. Las audiencias virtuales permiten que la expresidenta participe desde su domicilio y el empresario desde la cárcel de Ezeiza. El calendario judicial se parece cada vez más a una programación televisiva de varios capítulos semanales, con la particularidad de que los expedientes son reales, las acusaciones deben probarse y las consecuencias pueden ser penales.
La justicia deberá determinar si los movimientos comerciales respondieron a operaciones legítimas o si, como sostiene la fiscalía, formaron parte de un mecanismo de lavado de activos. Hasta entonces, el expediente deja una pregunta que supera cualquier discusión sobre tarifas hoteleras: ¿qué clase de planificación empresarial considera razonable alojar trabajadores a casi 500 kilómetros de la obra? En la Argentina, donde los problemas de transporte suelen generar debates interminables, esta vez la controversia no es cuánto tarda el viaje al trabajo, sino por qué alguien habría organizado uno semejante.
