Una docente de la Escuela de Nivel Inicial (ENI) N° 62, ubicada en el departamento Rivadavia, es investigada por la presunta sustracción de útiles escolares pertenecientes a la institución, que posteriormente habría intentado comercializar a través de WhatsApp y Marketplace.

La causa judicial comenzó a partir de una denuncia presentada el 29 de abril de 2026 y avanzó con una imputación provisoria por el presunto delito de peculado. En paralelo, el Ministerio de Educación de San Juan inició actuaciones administrativas para determinar si existieron irregularidades dentro del establecimiento.

Entre los elementos mencionados en la investigación figuran tijeras, lápices, plasticolas, crayones, hojas y rodillos, materiales que estaban destinados al desarrollo de actividades educativas con los estudiantes del nivel inicial.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que esos elementos habrían salido de la institución y determinar si efectivamente fueron ofrecidos para su venta mediante plataformas digitales.

La denuncia que originó la investigación contra la docente

El caso comenzó formalmente el 29 de abril de 2026, cuando se presentó una denuncia por la presunta sustracción de materiales pertenecientes a la ENI N° 62 de Rivadavia.

A partir de esa presentación, se inició una investigación penal destinada a esclarecer el destino de los útiles escolares y establecer las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.

De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, la docente investigada habría intentado comercializar parte de los insumos mediante WhatsApp y Marketplace, dos plataformas utilizadas habitualmente para la comunicación y la compraventa de productos.

Los materiales señalados incluyen elementos de uso cotidiano en las aulas de nivel inicial, como tijeras, lápices, adhesivos, crayones, hojas y rodillos, que forman parte de los recursos empleados para realizar actividades pedagógicas.

La presunta utilización de esos bienes con fines particulares constituye uno de los aspectos centrales de las actuaciones judiciales.

Sin embargo, la investigación continúa en desarrollo y todavía no existe una determinación definitiva sobre la responsabilidad penal de la docente.

Imputación provisoria por peculado: qué investiga la Justicia

En el marco del expediente, la docente fue imputada provisoriamente por el presunto delito de peculado, una figura contemplada en la legislación penal argentina que sanciona determinadas conductas vinculadas con la sustracción de bienes o caudales cuya administración, percepción o custodia se encuentra confiada a un funcionario público por razón de su cargo.

La aplicación de esta figura exige analizar las circunstancias particulares del hecho, la naturaleza de los bienes involucrados y las responsabilidades que eventualmente tenía la persona investigada sobre esos materiales.

En este caso, los investigadores deberán determinar si los útiles pertenecían a la institución educativa, bajo qué condiciones se encontraban almacenados o administrados y si existió una sustracción atribuible a la docente.

También deberán examinar los elementos relacionados con la presunta comercialización de los productos a través de las plataformas digitales mencionadas.

La imputación tiene carácter provisorio y no implica una declaración de culpabilidad. La eventual responsabilidad penal deberá establecerse mediante las pruebas incorporadas al expediente y las decisiones que adopte la Justicia.

Educación abrió un expediente administrativo por el caso

De manera paralela a la investigación judicial, el Ministerio de Educación de San Juan dispuso la apertura de un expediente administrativo para analizar lo sucedido en la ENI N° 62.

Las actuaciones tienen como finalidad esclarecer las circunstancias del episodio y determinar si existieron incumplimientos o responsabilidades dentro del ámbito institucional.

El procedimiento administrativo se desarrolla de forma diferenciada de la causa penal, aunque ambos están vinculados con los hechos denunciados.

En el ámbito educativo, el análisis deberá concentrarse en las obligaciones correspondientes al personal involucrado y en las circunstancias relacionadas con los bienes de la institución.

La apertura del expediente constituye una instancia de investigación y no supone, por sí misma, que se haya acreditado una falta administrativa.

La Fiscalía pidió ocho meses para avanzar con la causa

Como parte del procedimiento judicial, la Fiscalía solicitó un plazo de ocho meses para desarrollar la investigación penal preparatoria.

Durante ese período se buscará reunir y analizar los elementos probatorios necesarios para determinar qué ocurrió con los útiles escolares y establecer si existen fundamentos para sostener la acusación.

Además, el Ministerio Público Fiscal requirió la aplicación de medidas destinadas a garantizar que la docente permanezca sujeta al proceso y no interfiera en el desarrollo de las actuaciones.

Estas solicitudes forman parte de los mecanismos procesales disponibles durante una investigación penal y deberán ser consideradas conforme a las decisiones judiciales correspondientes.

La investigación también deberá precisar el alcance de los hechos denunciados y la eventual participación de la persona imputada.

Por el momento, no se informó una resolución judicial definitiva sobre la acusación, por lo que el caso permanece en etapa investigativa.

Las próximas actuaciones estarán orientadas a completar la recolección de pruebas, esclarecer el destino de los materiales escolares y determinar si corresponde avanzar hacia nuevas instancias del proceso penal.

Mientras tanto, el expediente administrativo del Ministerio de Educación continuará su curso para establecer las eventuales responsabilidades institucionales vinculadas con el caso de la ENI N° 62 de Rivadavia.