El Gobierno nacional busca acelerar la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre la explotación petrolera en las Islas Malvinas, previsto para el próximo 28 de noviembre. La Casa Rosada considera que un nuevo régimen de sanciones contra las compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion permitiría fortalecer la presión jurídica, económica y diplomática sobre el Reino Unido y los operadores comerciales involucrados.

La Secretaría Parlamentaria convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 18 de noviembre, con la iniciativa incluida en el temario. Sin embargo, las diferencias con bloques aliados y sectores de la oposición obligaron a La Libertad Avanza a evaluar una votación por capítulos, con el objetivo de separar las sanciones relacionadas con Malvinas de las modificaciones electorales y penales que generan mayor resistencia.

En el Poder Ejecutivo sostienen que la prioridad es contar con todas las herramientas jurídicas, administrativas y diplomáticas disponibles antes de que los magistrados de Hamburgo se pronuncien sobre el pedido argentino. La estrategia apunta a combinar el reclamo internacional con medidas internas contra las empresas que participen en la explotación de recursos naturales sin autorización nacional.

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Una votación favorable en Diputados representaría una señal política antes de la resolución internacional. No obstante, la aprobación en la Cámara baja no será suficiente para convertir el proyecto en ley, ya que también deberá obtener la sanción del Senado.

El Gobierno busca ampliar las sanciones contra las petroleras

La urgencia oficial está relacionada con los procedimientos sancionatorios que la Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

Durante septiembre, el Gobierno dispuso la apertura de expedientes contra 45 sujetos y posteriormente amplió las actuaciones a otros 15. Los procedimientos, que dependen del área de Malvinas de la Cancillería, todavía no cuentan con resoluciones definitivas.

En Balcarce 50 pretenden acelerar su tramitación y establecer un marco normativo que amplíe las posibilidades de intervención contra empresas, accionistas y proveedores relacionados con la explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos disputados.

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La legislación argentina ya contempla prohibiciones y penalidades para estas actividades. La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, establece inhabilitaciones administrativas de entre cinco y veinte años, además de sanciones penales para determinadas operaciones hidrocarburíferas no autorizadas. También incluye restricciones para contratar con el Estado y acceder a beneficios impositivos.

El proyecto impulsado por el presidente Javier Milei propone reemplazar ese esquema por un régimen más amplio, aplicable a diferentes actividades de aprovechamiento de recursos naturales. La iniciativa combina multas, inhabilitaciones, sanciones penales y mecanismos destinados a incentivar el abandono de operaciones consideradas ilegítimas.

Entre las modificaciones centrales figura la ampliación del alcance de las sanciones a compañías y proveedores que intervengan en la explotación de recursos en los espacios marítimos disputados.

El texto contempla multas calculadas en función del valor de barriles de petróleo, restricciones para contratar con organismos públicos y un régimen de desistimiento y regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas.

La Casa Rosada considera que estas herramientas permitirían incrementar los costos económicos y jurídicos de participar en emprendimientos como Sea Lion. De todas maneras, la aplicación efectiva de nuevas penalidades dependerá de la redacción finalmente aprobada, su entrada en vigor y los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.

Las diferencias en Diputados complican la estrategia oficial

La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría desde fines de octubre, pero el oficialismo todavía no logró cerrar un acuerdo sobre el Título VII, que introduce modificaciones electorales y penales relacionadas con la injerencia extranjera.

Los bloques Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores dialoguistas reclaman eliminar ese apartado o permitir que se trate por separado. El Gobierno, en cambio, se resiste a retirarlo completamente y ofreció modificaciones en su redacción para intentar acercar posiciones.

Ante este escenario, La Libertad Avanza analiza impulsar una votación diferenciada de los capítulos del proyecto. El Reglamento de la Cámara de Diputados permite ese procedimiento cuando existe acuerdo en la Comisión de Labor Parlamentaria o cuando lo dispone el pleno.

El objetivo es impedir que los cuestionamientos a las modificaciones electorales y penales terminen bloqueando el régimen de sanciones relacionado con Malvinas.

El oficialismo espera que sectores que rechazan otros aspectos de la iniciativa acompañen, al menos, las disposiciones destinadas a penalizar la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

En ese marco, la estrategia contempla la posibilidad de sumar votos del peronismo. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo parlamentario con Unión por la Patria.

Desde esa bancada aseguran que no mantuvieron conversaciones con el oficialismo sobre una eventual votación por capítulos. El bloque dispone de una propuesta propia centrada en Malvinas y comparte el objetivo de sancionar las actividades hidrocarburíferas cuestionadas, aunque rechaza otras modificaciones incorporadas en el texto del Ejecutivo.

Las diferencias también alcanzan al capítulo que introduce figuras penales relacionadas con campañas de injerencia extranjera y cambios en el régimen de partidos políticos.

Los bloques aliados advierten que algunas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión y cuestionan la amplitud de las conductas previstas. Frente a esas objeciones, el Gobierno incorporó exclusiones para la actividad periodística, la investigación académica y la representación abierta de intereses.

Sin embargo, las modificaciones no terminaron de conformar a los legisladores. Además, los cambios electorales necesitan 129 votos afirmativos en Diputados, una mayoría que La Libertad Avanza todavía no tiene garantizada.

La expectativa por el fallo internacional del 28 de noviembre

La discusión parlamentaria se desarrolla a menos de dos semanas del pronunciamiento previsto del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que recibió el pedido argentino para detener determinadas actividades vinculadas con el desarrollo petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Las audiencias se realizaron los días 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. Durante las exposiciones, la Argentina solicitó medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones de explotación e instalaciones productivas, restringir el uso de información obtenida durante la exploración, preservar el medio marino y evitar nuevas autorizaciones que puedan agravar la controversia.

La fecha tentativa para la lectura de la resolución es el sábado 28 de noviembre.

El proyecto Sea Lion está impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, compañías que proyectan avanzar con las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.

La representación argentina argumentó que la extracción de hidrocarburos podría ocasionar perjuicios irreparables sobre recursos no renovables y modificar la situación existente antes de que el arbitraje internacional esté en condiciones de intervenir.

El Reino Unido rechazó esos planteos y solicitó que se desestimen todas las medidas. Su posición cuestiona tanto la jurisdicción preliminar del futuro tribunal arbitral como la existencia de una urgencia que justifique la intervención solicitada por la Argentina.

En la Casa Rosada reconocen que el reclamo continuará incluso si el tribunal de Hamburgo rechaza las medidas provisionales.

La Argentina inició un procedimiento bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la conformación de un tribunal arbitral integrado por cinco miembros.

Ese órgano tendrá una función diferente de la del tribunal permanente de Hamburgo: deberá examinar su propia competencia y, si corresponde, resolver las pretensiones sometidas al arbitraje. Una vez constituido, también podrá recibir solicitudes de medidas provisionales, de acuerdo con las condiciones jurídicas aplicables.

El Gobierno analiza tres escenarios principales para el 28 de noviembre: una resolución favorable, la concesión de medidas parciales o el rechazo de la solicitud argentina.

Dentro del Ejecutivo reconocen que una eventual declaración de falta de jurisdicción preliminar constituye una alternativa posible, aunque evitan anticipar cuál será la decisión de los magistrados.

La resolución tampoco definirá la soberanía sobre las Islas Malvinas, una cuestión que no integra las pretensiones sometidas a esta instancia. Asimismo, una negativa a conceder medidas urgentes no significará necesariamente el final del procedimiento arbitral, aunque los fundamentos del pronunciamiento serán determinantes para establecer los próximos pasos.

La ofensiva argentina también contempla una dimensión política y diplomática. El Gobierno pretende utilizar la nueva legislación para incrementar el costo económico y jurídico de las operaciones petroleras cuestionadas, mientras mantiene los procedimientos administrativos de Cancillería y el reclamo internacional.

El proyecto fue impulsado desde el entorno de Santiago Caputo y atravesó negociaciones internas dentro del oficialismo por la integración del órgano de coordinación estratégica, los mecanismos de control parlamentario y el alcance de las nuevas figuras penales.

La discusión continuará con una reunión de la mesa política prevista para el martes 17 de noviembre y el objetivo de concretar la sesión en Diputados al día siguiente.

La Casa Rosada busca conseguir una señal legislativa antes del pronunciamiento de Hamburgo y sostener la presión sobre las empresas involucradas, independientemente de la decisión judicial.

El principal desafío inmediato será reunir los votos necesarios para separar el régimen de sanciones de las disposiciones más cuestionadas y avanzar con el tratamiento parlamentario. Mientras tanto, la resolución del 28 de noviembre marcará una nueva etapa de la estrategia jurídica argentina, que el Ejecutivo asegura que continuará incluso frente a un resultado adverso.