El juez penal de garantías Osmar Legal dispuso este lunes 16 de noviembre en Asunción el inmediato traslado de Santiago Peña desde el Regimiento Escolta Presidencial hacia la prisión militar de Viñas Cué. La medida judicial fue comunicada a la Suprema Corte de Justicia Militar e instruye a las autoridades carcelarias para que «arbitren todas las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida y la integridad física del citado imputado».

La orden judicial estableció que Peña permanezca bajo régimen de libre comunicación y a disposición del juzgado, con la exigencia de que se le asigne un lugar de reclusión que garantice su estricto aislamiento respecto del resto de los internos, en especial de los demás procesados en el expediente de Ueno Bank que ya cumplen prisión en ese penal militar. Además, el magistrado solicitó un informe detallado sobre los protocolos y medidas de seguridad previstos para su alojamiento.

Qué motivó la salida del cuartel

La decisión del magistrado se conoció tras denuncias sobre presuntas instalaciones exclusivas en el lugar de detención anterior, que incluían climatización, una sala de estar, comedor, oficina y un gimnasio privado. Ante esa situación, el presidente paraguayo Pedro Alliana dispuso este lunes la destitución del comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José David Daiub. El ministro de Defensa, Óscar González, confirmó que el jefe militar reconoció la presencia de máquinas de gimnasia en el sector donde estaba el exmandatario.

Peña, quien cumplió 48 años este mismo lunes, se encontraba alojado en el cuartel militar desde hacía diez días, luego de haber sido destituido por el Senado en un juicio político por mal desempeño de funciones el 6 de noviembre. La Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza, administración en beneficio propio y asociación criminal, tras el colapso financiero de Ueno Bank y su grupo controlante, donde el expresidente mantuvo acciones hasta marzo de 2025.

El alcance de la causa judicial

El Banco Central del Paraguay dispuso a comienzos de noviembre la intervención y el cierre de Ueno Bank al declarar su insolvencia, motivada en parte por presuntos créditos irregulares otorgados a firmas vinculadas al propio grupo económico. La entidad bancaria contaba con unos tres millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social y de cajas jubilatorias estatales.

Por la misma causa también se encuentra detenido el ex titular del Banco Central Carlos Carvallo, junto con directivos de la entidad financiera y del grupo empresario. Según datos del Banco Central paraguayo, el Fondo de Garantía de Depósitos ya ejecutó pagos por 640 millones de dólares para reintegrar sus fondos a más de 1,8 millones de pequeños ahorristas.