El Poder Ejecutivo nacional publicó este lunes 16 de noviembre el decreto 1366/2026, que introdujo «adecuaciones puntuales» a la reglamentación del RIGI, el decreto 749/2024 que puso en marcha el capítulo del régimen creado por la Ley 27.742, la Ley Bases.
Antes, una sociedad debía estar constituida y domiciliada en el país y acreditar que al menos el 51% de su capital o de los votos de control pertenecía a personas con domicilio fiscal en la Argentina. Ahora alcanza con estar constituida y radicada acá, «sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social», según el texto del decreto.
El 20% no se tocó: cambia quién puede contarlo
Los proyectos adheridos deben destinar a proveedores locales al menos el 20% de la inversión en compra de bienes y obras, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio, calidad, plazos y estándares técnicos. Lo que se amplió es el universo de empresas que pueden computarse en ese cupo, que ahora incluye a las filiales de multinacionales radicadas en el país.
Para los bienes sigue rigiendo el criterio de origen nacional del Mercosur: una filial de capital extranjero podrá ser proveedora local, pero lo que importe o distribuya no se convierte en nacional para computar dentro del 20%.
Los otros cambios que trae el decreto
El decreto también fijó una fecha límite única para que los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo alcancen el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto, separada de los compromisos por etapa y sin alterar los montos de cada fase. Y habilitó que un tercero compre acciones o cuotas de un vehículo de proyecto sin que eso afecte los beneficios, aunque ese dinero no computa como inversión.
En las uniones transitorias de empresas se podrán ceder participaciones o incorporar socios, con el consentimiento del resto y la constancia de que el nuevo integrante asume los compromisos y las garantías pendientes: hay que informarlo a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de inscripta la operación, que tiene 30 días para objetarla y, si no lo hace, se tiene por aprobada. El socio saliente sigue respondiendo de manera solidaria por lo generado hasta ese momento. Las sucursales dedicadas podrán transferir activos, pasivos y obligaciones del proyecto a una sociedad anónima creada a tal efecto, que las reemplaza con los mismos beneficios y compromisos, sin nueva adhesión ni cambio de plazos.
En el acceso al mercado de cambios, el Banco Central podrá condicionar ese acceso para las empresas que usaron el beneficio sobre cobros de exportaciones a que las divisas ingresadas y liquidadas igualen o superen las demandadas. En ese cálculo se computan los dólares que aporten los accionistas directos o indirectos, los integrantes de la UTE y la casa matriz de las sucursales vía deuda externa, si van al proyecto y se pueden rastrear en los registros contables.
Qué pasa en San Juan con Vicuña y Los Azules
Entre los proyectos que deberán adjudicar ese volumen de contrataciones figuran los de cobre sanjuaninos Vicuña y Los Azules, además de Agua Rica (Catamarca), el litio Rincón (Salta) y las inversiones de Vaca Muerta, gasoductos, oleoductos y plantas de procesamiento.
La norma nacional convive con los regímenes provinciales de compre local. San Juan, junto con Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja, tiene registros o leyes propias que exigen requisitos de domicilio, antigüedad, facturación en la jurisdicción, contratación de mano de obra provincial o asociación con firmas locales.
La inscripción a la ronda de negocios del RIGI vencía este lunes 16 de noviembre. El antecedente inmediato es la ronda que se hizo a fines de octubre en Rosario, con 1.800 empresas y 43 grandes proyectos compradores, donde las cámaras industriales y los proveedores plantearon que la radicación formal no garantiza fabricación, empleo ni valor agregado en el país.
El decreto no trae cifras sobre cuánto de ese 20% ya está adjudicado en Vicuña y Los Azules ni cuántas pymes sanjuaninas les venden. Queda firme el cupo del 20% y que, desde este lunes, una filial de multinacional puede computarse como proveedora local sin un solo accionista argentino.
El Gobierno nacional publicó este lunes 16 de noviembre el decreto 1366/2026, que deja que una filial extranjera cuente como proveedora local del RIGI. El piso del 20% de compras a proveedores locales no cambia: lo que se amplía es el universo de empresas que pueden computarse. En San Juan, Vicuña y Los Azules tendrán que adjudicar ese porcentaje compitiendo con filiales de multinacionales, mientras sigue vigente el régimen provincial de compre local.
El boletín oficial de este lunes 16 de noviembre resolvió una de las mayores crisis de identidad corporativa de la historia económica reciente mediante el decreto 1366/2026. A partir de ahora, cualquier filial de un conglomerado multinacional con sede postal en el país califica formalmente como proveedor local para el RIGI, «sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social». Se terminó la exigencia arcaica del decreto 749/2024 de la Ley 27.742 que demandaba un 51% de capital o votos en manos de residentes fiscales argentinos: bastó una firma ejecutiva para que gigantes globales con balance en Wall Street amanezcan convertidos en auténticos vecinos de la cuadra.
El sagrado cupo del 20% en bienes y obras para compre local permanece matemáticamente intacto, aunque con una pequeña redefinición ontológica sobre qué significa estar cerca. En San Juan, megaemprendimientos de cobre como Vicuña y Los Azules deberán repartir esa porción obligatoria entre talleres de la zona y subsidiarias transnacionales que jamás pisaron la cordillera pero tienen personería jurídica activa. Aunque para los bienes continúa el requisito de origen nacional del Mercosur y lo importado no cuenta en la cuota, la magia del domicilio social permite que firmas sin un solo socio de documento argentino compitan de igual a igual por el mismo porcentaje frente a las pequeñas y medianas empresas provinciales.
Mientras las leyes sanjuaninas de compre local intentan resistir el impacto con exigencias de arraigo, empleo y facturación territorial, la inscripción para la ronda de negocios del régimen venció este lunes en medio de la perplejidad general. Entre transferencias de activos en sucursales, plazos únicos de inversión para exportaciones estratégicas y regulaciones cambiarias del Banco Central sobre cobros externos, el nuevo ordenamiento consagra una paradoja insuperable: el compre nacional ahora incluye a corporaciones globales que apenas necesitan una placa en la puerta para celebrar que, financieramente hablando, todos somos locales.
