La economía de El Salvador atraviesa una etapa de expansión que comenzó a despertar el interés de los inversores internacionales y recibió una valoración favorable del Gobierno de Estados Unidos. El país centroamericano, presidido por Nayib Bukele, combina una reducción significativa de la criminalidad con el crecimiento del turismo, la construcción y las remesas, además de reformas destinadas a atraer capital extranjero.
El Departamento de Estado estadounidense destacó estos avances en su informe Investment Climate Statement 2026, un documento que analiza las condiciones económicas, regulatorias y comerciales para desarrollar inversiones en El Salvador.
El diagnóstico oficial señala que la economía salvadoreña mantiene un ritmo de expansión superior al promedio regional y que las mejoras en materia de seguridad pública se convirtieron en uno de los principales factores que explican el renovado interés empresarial.
«El crecimiento económico de El Salvador sigue siendo sólido y ha superado la media de toda América Latina y el Caribe en los últimos años», sostiene el informe estadounidense.
Los datos económicos reflejan esa evolución. El Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador creció un 3,9% durante 2025, por encima de numerosas previsiones, incluidas las del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre los principales motores de la actividad aparecen la construcción, el turismo, las remesas récord provenientes del exterior y una mejora de la confianza empresarial. El Departamento de Estado atribuye parte de esta expansión al «fuerte crecimiento de la construcción y el turismo, las remesas récord y la mejora del sentimiento inversor».
Washington considera que estos resultados podrían responder a condiciones económicas más duraderas y no únicamente a un período de crecimiento circunstancial. Entre las ventajas competitivas del país menciona su cercanía geográfica con Estados Unidos, la utilización del dólar como moneda de curso legal y un sistema de incentivos fiscales orientado a nuevas inversiones.
La reducción de los homicidios y su impacto en la economía
Uno de los cambios más significativos registrados durante la administración de Bukele es la disminución de la violencia criminal, un fenómeno que durante décadas condicionó el desarrollo económico y social salvadoreño.
Según las cifras recogidas por el Departamento de Estado, los homicidios disminuyeron de 114 en 2024 a 82 en 2025, lo que situó la tasa de asesinatos en 1,3 por cada 100.000 habitantes.
El informe identifica ese indicador como «la más baja de la región», una evolución que considera relevante para mejorar las condiciones de seguridad de empresas, consumidores y visitantes.
Desde la implementación del régimen de excepción, en marzo de 2022, las autoridades salvadoreñas detuvieron a más de 92.300 presuntos integrantes de organizaciones criminales, de acuerdo con los datos incluidos en el documento estadounidense.
La reducción de la actividad de las pandillas permitió disminuir algunos de los riesgos que enfrentaban los establecimientos comerciales, especialmente aquellos vinculados con la extorsión y la violencia organizada.
«La mejora de la seguridad está contribuyendo a una mayor confianza de los consumidores y a una actividad económica más intensa», sostiene el Departamento de Estado.
Sin embargo, el régimen de excepción continúa vigente y mantiene abierto el debate sobre las garantías individuales y los derechos de las personas detenidas. La valoración económica favorable de Washington convive, por lo tanto, con interrogantes sobre las consecuencias institucionales de las políticas de seguridad.
Turismo, tecnología y beneficios fiscales para atraer inversiones
La mejora de las condiciones de seguridad también tuvo repercusiones sobre el turismo, una actividad que se consolidó entre los principales impulsores de la economía salvadoreña.
En abril de 2025, Estados Unidos redujo su nivel de advertencia para los viajes a El Salvador y pasó a recomendar a sus ciudadanos la adopción de precauciones habituales durante sus visitas.
La modificación representó una señal favorable para el sector turístico y para las compañías internacionales que anteriormente consideraban la inseguridad como uno de los principales obstáculos para invertir.
El Departamento de Estado identifica la «seguridad pública» entre los factores que convierten a El Salvador en «un destino cada vez más atractivo para los inversores».
En paralelo, el Gobierno de Bukele implementó reformas tributarias y regulatorias destinadas a fortalecer la competitividad y promover la instalación de empresas extranjeras.
Entre las medidas se encuentran exenciones fiscales de hasta 15 años para determinadas actividades tecnológicas, incluyendo inteligencia artificial, programación, semiconductores, ciberseguridad y computación cuántica.
El sistema educativo también comenzó a incorporar herramientas vinculadas con estas tecnologías. Entre las experiencias mencionadas se encuentran programas de inteligencia artificial en establecimientos públicos, con resultados educativos que han sido comparados con los de países como Suecia y Alemania.
Por otra parte, las compañías que operan en zonas francas pueden acceder, siempre que cumplan las condiciones legales, a exenciones del impuesto sobre beneficios durante períodos de 15 o 20 años, dependiendo de su ubicación.
Las reformas introducidas entre 2025 y 2026 ampliaron los incentivos destinados a nuevas inversiones, proyectos de expansión empresarial y actividades exportadoras.
Washington destaca las «políticas sostenidas favorables a la inversión, incluidos los incentivos fiscales, los marcos regulatorios de apoyo y la atención a la facilitación del comercio» como uno de los elementos que fortalecen el posicionamiento económico del país.
Apertura bancaria, comercio exterior y acuerdo con el FMI
La transformación económica salvadoreña también alcanza al sistema financiero, donde las autoridades impulsaron modificaciones para ampliar la participación del capital extranjero.
En marzo de 2026, El Salvador eliminó la obligación de que al menos el 51% del capital de los bancos nacionales estuviera en manos de inversores salvadoreños o centroamericanos.
La reforma abrió nuevas posibilidades para el ingreso de entidades financieras internacionales y buscó incrementar la competencia dentro del mercado bancario.
Simultáneamente, el país avanzó en regulaciones relacionadas con bancos de inversión especializados, fondos privados y activos digitales, con el propósito de ampliar su participación en actividades financieras innovadoras.
Los cambios también alcanzaron al comercio exterior. Según el informe estadounidense, el Banco Interamericano de Desarrollo identificó a El Salvador como el país con el despacho aduanero de exportaciones más rápido de América Latina durante 2025, con un promedio inferior a cuatro días.
A este desempeño se sumó la firma de un acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos en enero de 2026, orientado a reducir barreras comerciales y facilitar el intercambio de bienes y servicios entre ambas economías.
En materia de estabilidad macroeconómica, uno de los acontecimientos más importantes fue el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional en febrero de 2025, por US$1.400 millones, para respaldar un programa de reformas económicas.
El organismo internacional reconoció avances en la reducción del déficit fiscal, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la implementación de reformas estructurales, aunque algunas revisiones del programa permanecen retrasadas.
El Departamento de Estado considera que estas medidas contribuyeron a una «mejora de la confianza y una inversión dinámica», factores que acompañaron el crecimiento registrado durante 2025.
No obstante, el informe también identifica obstáculos que podrían limitar el desarrollo económico a mediano y largo plazo. Entre ellos figuran la escasez de trabajadores calificados, los costos energéticos, las necesidades de infraestructura y determinadas deficiencias regulatorias.
La evolución de estos indicadores será relevante para determinar si El Salvador consigue sostener el ritmo de crecimiento y transformar el interés de los inversores en proyectos productivos de largo plazo.
La combinación de mayor seguridad, expansión turística, crecimiento de la construcción, estabilidad monetaria e incentivos tributarios modificó la percepción internacional sobre la economía salvadoreña. Sin embargo, la continuidad de ese proceso dependerá también de la capacidad del país para resolver sus limitaciones estructurales y sostener condiciones previsibles para la actividad empresarial.
El Departamento de Estado sintetiza el cambio de escenario con una definición sobre el posicionamiento internacional del país: «El Salvador es un destino cada vez más atractivo para los inversores».
La economía de El Salvador creció un 3,9% en 2025 y despertó el interés de inversores internacionales. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca la reducción de la criminalidad, el impulso del turismo y las reformas fiscales del gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, persisten desafíos regulatorios, laborales y cuestionamientos sobre las garantías individuales.
El Salvador está protagonizando una transformación económica que amenaza con provocar una crisis existencial entre los especialistas acostumbrados a explicar por qué América Latina nunca termina de despegar. El país que durante décadas aparecía en las estadísticas internacionales por sus niveles de violencia ahora figura en informes estadounidenses por su crecimiento económico, su atractivo para los inversores y sus incentivos fiscales. Una alteración del orden regional tan inesperada que probablemente obligue a actualizar varias presentaciones de PowerPoint utilizadas en conferencias sobre el fracaso latinoamericano.
El responsable político de esta metamorfosis es Nayib Bukele, cuyo gobierno consiguió que la seguridad pública dejara de ser exclusivamente una preocupación policial para convertirse también en un argumento comercial. Según las cifras recogidas por Washington, El Salvador registró apenas 82 homicidios en 2025. El dato contrasta con una época en la que abrir un negocio podía implicar negociar con organizaciones criminales que habían desarrollado un sistema de recaudación paralelo, aunque sin la cortesía institucional de emitir comprobantes.
La mejora de la seguridad permitió que el turismo, la construcción y la actividad empresarial encontraran condiciones más favorables. Los inversores internacionales comenzaron a observar un mercado que antes parecía reservado a quienes confundían la diversificación de riesgos con una disciplina de deportes extremos. Incluso el Departamento de Estado estadounidense reconoce que la economía salvadoreña está creciendo por encima del promedio regional.
Pero Bukele no se conformó con reducir los índices de criminalidad. También decidió ofrecer beneficios fiscales a empresas tecnológicas, abrir el sistema bancario a más capital extranjero y promover actividades vinculadas con inteligencia artificial, semiconductores y computación cuántica. El Salvador pasó así de combatir pandillas a intentar atraer compañías capaces de desarrollar tecnologías que buena parte de la humanidad todavía utiliza principalmente para generar imágenes de gatos vestidos de astronautas.
Por supuesto, el experimento tiene sus contradicciones. El régimen de excepción continúa vigente y mantiene abierto el debate sobre los derechos individuales, mientras que la economía enfrenta problemas de infraestructura, energía y disponibilidad de trabajadores especializados. Porque transformar un país no consiste solamente en convencer a los inversores de que lleguen, sino también en garantizar que encuentren electricidad, personal capacitado y reglas previsibles.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional observa los resultados de un programa de US$1.400 millones y Estados Unidos reconoce avances económicos. El Salvador intenta demostrar que puede convertirse en un destino atractivo para el capital internacional. La paradoja es que, después de décadas en las que el principal desafío era conseguir que las empresas no huyeran de la violencia, ahora el país debe resolver cómo recibir nuevas inversiones sin que su infraestructura termine solicitando un régimen de excepción propio.
