El Ministerio Público Fiscal de Brasil declaró inadmisible este miércoles 18 de noviembre el Acuerdo de No Persecución Penal (ANPP) solicitado por la defensa de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de injuria racial en Río de Janeiro. La Procuraduría General de Justicia ratificó la negativa después de que los representantes legales de la acusada pidieran una revisión.

El argumento central de la fiscalía se basó en que la suma de las penas mínimas de los tres delitos de injuria racial atribuidos a Páez (dos años de prisión por cada uno) alcanza los seis años. Esa cifra supera el límite legal de cuatro años fijado en la legislación de ese país para acceder a un acuerdo que cierre el caso sin condena. Además, el dictamen fundamentó el rechazo en la Ley N.º 14.532/2023, que incorporó la injuria racial dentro de la Ley de Racismo y determinó que se trata de un delito inafianzable e imprescriptible.

Qué investiga la Justicia brasileña

Los hechos investigados ocurrieron el 14 de enero en un bar de la calle Vinícius de Moraes, en el barrio de Ipanema. En el escrito judicial, la fiscalía señaló que la acusada habría imitado gestos de primates para humillar deliberadamente a tres mozos del establecimiento.

Páez permaneció retenida durante tres meses en Brasil con monitoreo de tobillera electrónica. La acusada regresó a la Argentina tras pagar una fianza de 18.500 dólares fijada por la Justicia para permitirle salir del país mientras continuaba el expediente.

Cómo sigue la causa y qué espera la defensa

Las audiencias del juicio se desarrollaron en marzo, cuando declararon los testigos y las presuntas víctimas. Con el rechazo del acuerdo penal, el proceso no sumará nuevas etapas orales y resta únicamente que el juez dicte la sentencia.

«Lo que se ha propuesto la semana pasada ha sido realizar un juicio abreviado para cerrar el proceso, pero la Fiscalía no lo ha aceptado», explicó el abogado Sebastián Robles, defensor de Páez en la Argentina. Además, el letrado sostuvo que el proceso se encuentra en el mismo estado en que quedó tras las audiencias de marzo y que aguardan la decisión judicial: «El juez puede dar una condena, que seguramente va a ser una condena capaz menor a cuatro años».

La defensa de la abogada espera que una eventual pena sea inferior a cuatro años para solicitar medidas alternativas, como tareas comunitarias en la Argentina, y que el dinero de la caución se destine a las víctimas. Por el momento, el juzgado no fijó una fecha para dar a conocer la sentencia definitiva.