El Ministerio Público Fiscal de Brasil declaró inadmisible este miércoles 18 de noviembre el Acuerdo de No Persecución Penal (ANPP) solicitado por la defensa de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de injuria racial en Río de Janeiro. La Procuraduría General de Justicia ratificó la negativa después de que los representantes legales de la acusada pidieran una revisión.
El argumento central de la fiscalía se basó en que la suma de las penas mínimas de los tres delitos de injuria racial atribuidos a Páez (dos años de prisión por cada uno) alcanza los seis años. Esa cifra supera el límite legal de cuatro años fijado en la legislación de ese país para acceder a un acuerdo que cierre el caso sin condena. Además, el dictamen fundamentó el rechazo en la Ley N.º 14.532/2023, que incorporó la injuria racial dentro de la Ley de Racismo y determinó que se trata de un delito inafianzable e imprescriptible.
Qué investiga la Justicia brasileña
Los hechos investigados ocurrieron el 14 de enero en un bar de la calle Vinícius de Moraes, en el barrio de Ipanema. En el escrito judicial, la fiscalía señaló que la acusada habría imitado gestos de primates para humillar deliberadamente a tres mozos del establecimiento.
Páez permaneció retenida durante tres meses en Brasil con monitoreo de tobillera electrónica. La acusada regresó a la Argentina tras pagar una fianza de 18.500 dólares fijada por la Justicia para permitirle salir del país mientras continuaba el expediente.
Cómo sigue la causa y qué espera la defensa
Las audiencias del juicio se desarrollaron en marzo, cuando declararon los testigos y las presuntas víctimas. Con el rechazo del acuerdo penal, el proceso no sumará nuevas etapas orales y resta únicamente que el juez dicte la sentencia.
«Lo que se ha propuesto la semana pasada ha sido realizar un juicio abreviado para cerrar el proceso, pero la Fiscalía no lo ha aceptado», explicó el abogado Sebastián Robles, defensor de Páez en la Argentina. Además, el letrado sostuvo que el proceso se encuentra en el mismo estado en que quedó tras las audiencias de marzo y que aguardan la decisión judicial: «El juez puede dar una condena, que seguramente va a ser una condena capaz menor a cuatro años».
La defensa de la abogada espera que una eventual pena sea inferior a cuatro años para solicitar medidas alternativas, como tareas comunitarias en la Argentina, y que el dinero de la caución se destine a las víctimas. Por el momento, el juzgado no fijó una fecha para dar a conocer la sentencia definitiva.
La fiscalía de Brasil rechazó el acuerdo penal pedido por la defensa de Agostina Páez en la causa por injuria racial. El planteo fue desestimado porque las penas mínimas acumuladas superan el tope legal de cuatro años. Tras la ratificación de la Procuraduría, el expediente sigue abierto y resta únicamente conocer la sentencia del juez.
El audaz plan procesal de resolver un escándalo internacional con una salida elegante acaba de estrellarse contra el código penal brasileño. El Ministerio Público Fiscal de ese país le bajó el pulgar este miércoles 18 de noviembre al Acuerdo de No Persecución Penal solicitado por la defensa de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de injuria racial en Río de Janeiro. Ocurre que la calculadora carioca no contempla promociones de temporada: al imputarle tres hechos por imitar gestos de primates frente a tres mozos en un bar de la calle Vinícius de Moraes, en Ipanema aquel 14 de enero, la suma de las penas mínimas alcanza los seis años de prisión. Y como la ley fija un techo estricto de cuatro años para acceder a un arreglo sin condena, sumado a que la Ley N.º 14.532/2023 declaró la injuria racial como delito inafianzable e imprescriptible, la Procuraduría General de Justicia ratificó que no hay atajo posible.
Atrás quedaron los tres meses de encierro forzado con tobillera electrónica en Brasil y el pago de 18.500 dólares de fianza que le permitió regresar a la Argentina. Con las audiencias de marzo ya terminadas y sin más etapas orales por delante, el expediente quedó a la espera del veredicto judicial, luego de que la fiscalía desestimara la propuesta de cerrar el caso mediante un juicio abreviado. La defensa ahora apuesta todo a una ilusión aritmética: aguardar que el juez dicte una condena menor a cuatro años para gestionar tareas comunitarias en territorio argentino y derivar la caución económica hacia las víctimas. Mientras tanto, en los tribunales de Río el proceso avanza con frialdad matemática, confirmando que las ofensas en la playa no se evaporan con un escrito y que la cuenta judicial puede resultar infinitamente más cara que la del bar.
