La Tercera Comisión de la Asamblea General, que trata los asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos, aprobó el martes 17 de noviembre la resolución que convoca a redoblar los esfuerzos contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. El recuento fue de 175 votos a favor, 6 abstenciones y uno en contra, el de Somalia. Además de la Argentina se abstuvieron Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún.
Trece países impulsaron el texto: Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, España y Suecia. La delegación argentina estuvo encabezada por el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi, y no pidió la palabra para fundamentar la abstención.
Qué argumentó el Gobierno
Fuentes de la Cancillería sostuvieron que la abstención no significa poner en duda el rechazo a la violencia contra las mujeres y las niñas. Según esa versión, el problema es el contenido del texto: a criterio del Gobierno incluye conceptos ideológicos controvertidos y sesgados, y pone las referencias a la agenda de género por delante de las medidas concretas para reducir los femicidios y las muertes maternas. El canciller Pablo Quirno defendió la posición.
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La oposición y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal criticaron la abstención. La entidad recordó que la Argentina ya tiene obligaciones con jerarquía constitucional en la materia: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Qué dice el texto y qué objetó Estados Unidos
La resolución pide a los Estados reforzar sus políticas públicas para prevenir y combatir la violencia de género, incluida la que ocurre en entornos digitales, y asegurar los derechos de las mujeres, entre ellos la salud sexual y reproductiva. Antes de la votación del texto definitivo, la Comisión rechazó por 68 votos a favor, 54 en contra y 30 abstenciones una enmienda que subordinaba su aplicación a las leyes nacionales y a los valores religiosos, éticos y culturales de cada país.
Estados Unidos también se abstuvo y dio sus razones en el recinto. Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la misión estadounidense, cuestionó la inclusión de la noción de «aborto seguro» y afirmó que no existe un derecho internacional al aborto ni obligación de financiarlo, en línea con la Declaración de Consenso de Ginebra.
Los antecedentes y qué sigue
La Argentina ya había votado en noviembre de 2024 como único país en contra de una resolución para prevenir la violencia digital contra mujeres y niñas. El 10 de noviembre se opuso a que se trataran enmiendas a textos sobre mutilación genital femenina y fístula obstétrica. En 2026 acompañó a Estados Unidos en otras votaciones: en marzo fue uno de los tres países que rechazaron la resolución sobre la trata transatlántica de africanos esclavizados y en octubre votó con Washington contra el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba.
En el país, el relevamiento publicado el 5 de octubre registró al menos 192 víctimas fatales por violencia de género en nueve meses, con 226 hijos que quedaron sin madre.
La resolución aprobada pasa ahora al pleno de la Asamblea General. La fecha de esa instancia todavía no fue informada.
La ONU aprobó el martes 17 de noviembre la resolución contra la violencia hacia las mujeres con 175 votos a favor y 6 abstenciones. La Argentina quedó entre las abstenciones, junto a Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, y no pidió la palabra en el recinto.
Fuentes de la Cancillería sostuvieron que el texto incorpora conceptos ideológicos y que pone la agenda de género por delante de las medidas contra los femicidios. El canciller Pablo Quirno defendió la posición; la oposición y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal la criticaron.
La diplomacia nacional acaba de protagonizar otra cumbre de gimnasia conceptual en las Naciones Unidas al concluir que repudiar la violencia contra las mujeres y las niñas requería un asterisco colosal. El martes 17 de noviembre, en la Tercera Comisión de la Asamblea General, 175 países votaron a favor, Somalia pulsó el botón solitario del rechazo y la comitiva argentina decidió sumarse a un distinguido club de la abstención junto a Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso, Camerún y Estados Unidos. Mientras trece delegaciones promotoras observaban la pizarra electrónica, el embajador Francisco Tropepi optó por el silencio más absoluto en el recinto neoyorquino, eludiendo el micrófono como si la fundamentación oral devengara cargos de roaming internacional.
Las explicaciones llegaron después vía Buenos Aires, donde la Cancillería y el ministro Pablo Quirno defendieron la maniobra asegurando que abstenerse no significa avalar agresiones, sino resistir conceptos ideológicos controvertidos y sesgados que postergan medidas prácticas frente a los femicidios. El argumento no convenció a la oposición ni al Colegio Público de la Abogacía porteño, cuyos letrados corrieron a desempolvar la jerarquía constitucional de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará para recordar que los compromisos de derechos humanos no funcionan como los términos y condiciones de una aplicación que se aceptan según el humor del usuario.
El episodio corona un historial reciente digno de antología: el país ya había quedado en soledad absoluta contra la violencia digital en 2024, rechazó este año resoluciones sobre la trata transatlántica de personas esclavizadas y objetó enmiendas sobre mutilación genital femenina. Mientras los registros locales contabilizan al menos 192 víctimas fatales por violencia de género en nueve meses y 226 hijos que quedaron sin madre, la representación exterior prefiere librar titánicas batallas semánticas en Manhattan, a la espera de un debate en el pleno de la Asamblea donde tal vez descubran que la realidad no admite abstenciones.



