La Justicia investiga el triple crimen de Florencio Varela como una venganza narco vinculada al robo de 30 kilos de cocaína. Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez desaparecieron el 19 de septiembre y fueron halladas días después enterradas en una vivienda del barrio. Las pericias y testimonios apuntan a que las jóvenes fueron asesinadas como represalia dentro de una disputa criminal en crecimiento.
Declaraciones clave del arrepentido
Una testigo bajo la figura de “arrepentida” declaró ante la Justicia que el móvil del crimen habría sido un robo de cocaína: “Le robaron 30 kilos de cocaína a Sotacuro”, dijo, dando por hecho una vinculación directa con el tráfico pesado. También relató que uno de los homicidas amenazó a Lara con que “no iba a sufrir como las otras” y la asfixió. Asimismo, describió que la joven Celeste vendía entre 100 y 120 envoltorios de cocaína para Matías Ozorio, mano derecha del narco conocido como “Pequeño J”.
Además, la testigo señaló que al cerebro de la operación le habrían pagado un millón de dólares por lo ocurrido, un dato que aún no fue verificado por la Justicia pero que genera alarma por su magnitud.
Los imputados y la ronda de detenciones
El juez de garantías Fernando Pinos Guevara confirmó la prisión preventiva de ocho imputados: Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio seguirán detenidos por su presunta participación.
En tanto, el presunto organizador, Tony Janzen Valverde alias “Pequeño J”, se encuentra en prisión en Perú a la espera de su extradición hacia Argentina.
La hipótesis de la venganza narco y el escándalo social
Según lo informado por las autoridades bonaerenses, la hipótesis principal sostiene que el crimen fue una represalia por el robo de droga — la escena del hallazgo y los testimonios apuntan a que las víctimas fueron usadas como advertencia dentro de una organización delictiva.
El caso generó una reacción social masiva, con protestas de colectivos feministas que señalaban que se trataba de un “narco‑femicidio”: violencia de género en contexto del narcotráfico.
El cuerpo de las jóvenes presentó signos de extrema brutalidad, lo que refuerza la tesis de que el asesinato tenía una intencionalidad ejemplificadora: la autopsia reveló torturas, mutilaciones y un nivel de violencia que excede el patrón de un homicidio común.
La declaración de la arrepentida por el momento introduce nuevos elementos a la causa: robo de droga, pago de sumas millonarias, coordinación de ventas, y un ajuste interno de la banda que podría abrir nuevas líneas de investigación.
