A casi seis años de la sanción de la Ley 27.610, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) se mantiene estable en volumen de atenciones. Según el Reporte Anual 2025 del proyecto Mirar, desarrollado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, el año pasado se registraron 87.603 abortos en el sector público de salud de 20 provincias. La tasa nacional se posicionó en 7,45 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil, una cifra casi idéntica a la observada en 2023, cuando fue de 7,49.
La red pública de acceso también se mantuvo “sin cambios significativos” entre ambos años: pasó de 1862 efectores a 1846 en 2025. El 72% de las intervenciones se concentraron en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
En 11 jurisdicciones informantes, el 90% de las prácticas se resolvieron dentro de las primeras 12 semanas de gestación, en efectores del primer nivel de atención primaria, utilizando mayoritariamente tratamientos farmacológicos.
Qué provincias aportaron datos
Desde 2022, los reportes anuales del proyecto Mirar se basan en las respuestas a los pedidos de acceso a la información pública de los programas de salud de las 24 provincias y de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que depende del Ministerio de Salud.
Para este informe, se recibieron respuestas de 16 jurisdicciones y con los datos nacionales se completaron los datos de Corrientes, San Juan, San Luis y Tucumán.
Para completar la foto del país, entonces, sería necesario contar con el número de abortos legales efectuados en Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero, así como también los realizados en obras sociales y el sector privado.
“Los indicadores cuantitativos muestran que la cantidad de interrupciones no ha descendido, el número de establecimientos que realizan abortos se ha mantenido, un alto porcentaje de intervenciones se realiza dentro de las 12 semanas de gestación, y las iniciativas legislativas y judiciales dirigidas a restringir, cuestionar o derogar la ley no han prosperado. El reto de sostener la política pública es muy alto, pero muestra resultados positivos”, analizó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes.
El acceso a anticonceptivos
El informe ahonda también en el desfinanciamiento de la anticoncepción desde el Gobierno. Según sus estimaciones, la cobertura cayó un 93%, pasando de 1,2 millones de mujeres protegidas por insumos nacionales en 2024 a un estimado de tan solo 63.000 para 2026.
Estas decisiones implicarían entre esos dos años 840.000 mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales, 240.000 embarazos no intencionales adicionales, 112.000 abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2600 muertes neonatales que también podrían haberse evitado, según estimaciones del Impact Calculator del Guttmacher Institute, utilizado internacionalmente para estimar resultados en salud sexual y reproductiva.
Ante el retiro de los suministros de la Nación, 13 provincias sostuvieron el acceso con presupuesto propio. De acuerdo con el relevamiento, Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro y Santa Fe compraron misoprostol. Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Misiones adquirieron tratamientos combinados: mifepristona y misoprostol. Jujuy y Mendoza compraron aspiradores y cánulas para aspiración manual endouterina (AMEU).
Entre otros indicadores de accesibilidad, el informe señala que nueve de las 16 provincias reportan el cumplimiento de la provisión dentro del plazo estipulado de diez días. Seis disponen de un número telefónico gratuito, WhatsApp o correo electrónico dedicado a la provisión de información sobre IVE-ILE.
A nivel nacional, las consultas sobre la IVE-ILE representaron el 94% de las llamadas durante 2025 del 0800-SaludSexual, la línea telefónica gratuita dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. La mayoría fueron realizadas para reportar barreras en el acceso a los servicios.
También señalan que no hay cifras disponibles actualizadas de la mortalidad materna, uno de los indicadores más importantes para evaluar el acceso a interrupciones seguras de embarazos.
Panorama jurídico
Teniendo en cuenta que la crítica al aborto volvió a la agenda del gobierno nacional, el informe considera que “la Justicia actuó principalmente como mecanismo de protección de derechos existentes”.
La Ley 27.610 permanece sin modificaciones y las iniciativas restrictivas fueron minoritarias. De 38 demandas presentadas contra la Ley 27.610 desde su promulgación, 35 fueron rechazadas y solo tres continúan sin cautelares ante la Corte Suprema. En la amplia mayoría de los casos, los tribunales reafirmaron la constitucionalidad de la ley y rechazaron intentos de revertirla.
Aunque solo tres fueron sancionadas, el 84% de las iniciativas legislativas buscaron proteger o ampliar derechos, mientras que los proyectos que buscaban limitar la aplicación de la ley no lograron dictamen de comisión.
“La disputa política y normativa siguió siendo intensa debido a que representantes y aliados del oficialismo impulsaron otras discusiones que afectaron la agenda de género y los derechos de las mujeres, como la discusión sobre falsas denuncias y la educación sexual integral (ESI)”, apuntó Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del Cedes.
