El vocero presidencial Manuel Adorni explicó este viernes el impacto fiscal de la medida aprobada en el Congreso, señalando que tendrá un costo de 1,9 billones de pesos. En conferencia de prensa, expuso distintos escenarios para dimensionar la magnitud del gasto adicional.
Las alternativas que planteó Adorni
Según el vocero, financiar ese nivel de erogación equivaldría a:
- Suspender por cuatro meses el presupuesto del Poder Legislativo, lo que implicaría que diputados y senadores dejen de percibir sus sueldos.
- Incrementar en tres puntos el IVA, con el consecuente impacto sobre precios y consumo.
- Suspender por cuatro meses los planes sociales que hoy llegan a millones de beneficiarios.
- Recortar durante cuatro meses el presupuesto del Poder Judicial.
Adorni subrayó que “cada peso que se gasta debe financiarse” y remarcó que el desafío del Gobierno es sostener el orden fiscal en un contexto de alta sensibilidad económica. “Hay que ver si los legisladores que votaron están dispuestos a asumir los costos que implica”, apuntó.
Un mensaje político y económico
El análisis del vocero buscó marcar la contradicción entre la aprobación de la medida y las fuentes reales de financiamiento. “No existen los recursos mágicos: cualquier decisión de gasto implica elegir entre recortes o mayores impuestos”, insistió.
La advertencia abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, en momentos en que la administración busca mostrar disciplina fiscal y contener las expectativas inflacionarias. Mientras tanto, el debate político gira en torno a quién pagará la cuenta de los 1,9 billones de pesos adicionales.
