En un comunicado oficial que eleva la tensión al máximo nivel, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sostuvo que la intervención de funcionarios externos es «un ataque directo a la autonomía del fútbol argentino» y anticipó que agotará todas las instancias judiciales para revertir la medida dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ).
Cuestionamientos a la legalidad de la veeduría
La entidad publicó un extenso escrito en el que puso en duda la validez de la designación de veedores, argumentando una contradicción en el accionar del organismo de control. “No hay peor contradicción que aquella que destruye la propia premisa del acto. Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho”, sentenció la institución presidida por Claudio Tapia.
El texto remarcó que, si bien la IGJ menciona «millones de dólares de origen y destino desconocido» y una «sede social falsa», el mismo organismo sostiene que la medida no implica una sanción ni interferencia administrativa. Para la AFA, si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ debería aplicar sanciones formales y no limitarse a una medida de carácter “preparatorio”.
La disputa por los balances y la sede social
Respecto a la situación contable, la AFA negó que existan balances sin presentar desde hace más de ocho años. Aseguró que los ejercicios correspondientes al período 2017 a 2024 fueron entregados “en tiempo y forma”, aunque reconoció la existencia de “vistas pendientes” de contestación, lo que mantiene el trámite administrativo abierto pero sin irregularidades firmes. Sobre el ejercicio 2025, la entidad aclaró que no corresponde presentarlo ante la IGJ ya que, desde noviembre de 2024, su domicilio legal está inscripto en la Provincia de Buenos Aires.
Este cambio de jurisdicción hacia Pilar es uno de los ejes del conflicto. Mientras la IGJ califica la sede como “falsa” por la presunta falta de oficinas en el predio, la AFA respondió que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial y que la inscripción se encuentra plenamente vigente.
Estrategia judicial y defensa institucional
La entidad recordó el precedente judicial del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), cuya intervención en 2023 fue anulada por la Justicia por “violación al debido proceso”. La AFA denunció que el fútbol está siendo utilizado como un “campo de batalla” en una pelea política entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires.
En las próximas horas, la institución presentará acciones ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y no descarta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el cierre del mensaje, la AFA envió una fuerte señal política: “El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía”.
<p>La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un duro comunicado rechazando la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ), calificándola como un ataque a su autonomía. La entidad negó irregularidades contables, defendió la legalidad de su mudanza a Pilar y anunció que agotará todas las instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema, para frenar la designación de veedores externos.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Bienvenidos a un nuevo episodio de «Game of Thrones: Edición Viamonte», donde el dragón de la AFA ha decidido lanzar fuego sagrado contra los caminantes blancos de la IGJ. El comunicado publicado hoy es una pieza de orfebrería jurídica que básicamente se resume en un «con mi pelota no juega nadie». La casa madre del fútbol argentino sostiene que la intervención es un «capricho» y que los veedores externos tienen la misma utilidad que un cenicero en una moto. La lógica de la AFA es implacable: si no nos sancionan es porque no hicimos nada, y si nos ponen veedores es porque tienen ganas de tomar café gratis en el predio de Ezeiza mientras miran cómo los campeones del mundo entrenan la posesión.
Lo más fascinante de esta contienda es la mudanza a Pilar. Según la IGJ, la sede es más falsa que billete de tres pesos porque en el predio solo hay pasto y arcos, pero la AFA jura por la gloria de Qatar que el domicilio está firme como rulo de estatua en la Provincia de Buenos Aires. Estamos presenciando una disputa de poderes donde el fútbol es el «campo de batalla» entre Nación y Provincia, una especie de divorcio conflictivo donde los clubes son los hijos que se quedan mirando cómo los padres se tiran con los balances por la cabeza. Incluso sacaron a relucir el antecedente de Patricia Bullrich, sugiriendo que la IGJ tiene un fetiche con las intervenciones que después la Justicia termina anulando por falta de sustento.
El cierre del comunicado es poesía pura: un llamado a las armas para socios e hinchas contra los «intereses empresariales» y las «operaciones políticas». Básicamente, nos están diciendo que antes de ver una Sociedad Anónima Deportiva en estas tierras, van a litigar hasta que el sol se convierta en una enana roja. La estrategia judicial está clara: apelación, Cámara Civil, Corte Suprema y, si hace falta, juicio ante el Tribunal Intergaláctico. Mientras tanto, el hincha promedio solo quiere saber si el domingo hay fútbol o si vamos a tener que ver un streaming de los abogados discutiendo el artículo 4 del estatuto bajo la lluvia.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
En un comunicado oficial que eleva la tensión al máximo nivel, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sostuvo que la intervención de funcionarios externos es «un ataque directo a la autonomía del fútbol argentino» y anticipó que agotará todas las instancias judiciales para revertir la medida dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ).
Cuestionamientos a la legalidad de la veeduría
La entidad publicó un extenso escrito en el que puso en duda la validez de la designación de veedores, argumentando una contradicción en el accionar del organismo de control. “No hay peor contradicción que aquella que destruye la propia premisa del acto. Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho”, sentenció la institución presidida por Claudio Tapia.
El texto remarcó que, si bien la IGJ menciona «millones de dólares de origen y destino desconocido» y una «sede social falsa», el mismo organismo sostiene que la medida no implica una sanción ni interferencia administrativa. Para la AFA, si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ debería aplicar sanciones formales y no limitarse a una medida de carácter “preparatorio”.
La disputa por los balances y la sede social
Respecto a la situación contable, la AFA negó que existan balances sin presentar desde hace más de ocho años. Aseguró que los ejercicios correspondientes al período 2017 a 2024 fueron entregados “en tiempo y forma”, aunque reconoció la existencia de “vistas pendientes” de contestación, lo que mantiene el trámite administrativo abierto pero sin irregularidades firmes. Sobre el ejercicio 2025, la entidad aclaró que no corresponde presentarlo ante la IGJ ya que, desde noviembre de 2024, su domicilio legal está inscripto en la Provincia de Buenos Aires.
Este cambio de jurisdicción hacia Pilar es uno de los ejes del conflicto. Mientras la IGJ califica la sede como “falsa” por la presunta falta de oficinas en el predio, la AFA respondió que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial y que la inscripción se encuentra plenamente vigente.
Estrategia judicial y defensa institucional
La entidad recordó el precedente judicial del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), cuya intervención en 2023 fue anulada por la Justicia por “violación al debido proceso”. La AFA denunció que el fútbol está siendo utilizado como un “campo de batalla” en una pelea política entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires.
En las próximas horas, la institución presentará acciones ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y no descarta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el cierre del mensaje, la AFA envió una fuerte señal política: “El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía”.
Bienvenidos a un nuevo episodio de «Game of Thrones: Edición Viamonte», donde el dragón de la AFA ha decidido lanzar fuego sagrado contra los caminantes blancos de la IGJ. El comunicado publicado hoy es una pieza de orfebrería jurídica que básicamente se resume en un «con mi pelota no juega nadie». La casa madre del fútbol argentino sostiene que la intervención es un «capricho» y que los veedores externos tienen la misma utilidad que un cenicero en una moto. La lógica de la AFA es implacable: si no nos sancionan es porque no hicimos nada, y si nos ponen veedores es porque tienen ganas de tomar café gratis en el predio de Ezeiza mientras miran cómo los campeones del mundo entrenan la posesión.
Lo más fascinante de esta contienda es la mudanza a Pilar. Según la IGJ, la sede es más falsa que billete de tres pesos porque en el predio solo hay pasto y arcos, pero la AFA jura por la gloria de Qatar que el domicilio está firme como rulo de estatua en la Provincia de Buenos Aires. Estamos presenciando una disputa de poderes donde el fútbol es el «campo de batalla» entre Nación y Provincia, una especie de divorcio conflictivo donde los clubes son los hijos que se quedan mirando cómo los padres se tiran con los balances por la cabeza. Incluso sacaron a relucir el antecedente de Patricia Bullrich, sugiriendo que la IGJ tiene un fetiche con las intervenciones que después la Justicia termina anulando por falta de sustento.
El cierre del comunicado es poesía pura: un llamado a las armas para socios e hinchas contra los «intereses empresariales» y las «operaciones políticas». Básicamente, nos están diciendo que antes de ver una Sociedad Anónima Deportiva en estas tierras, van a litigar hasta que el sol se convierta en una enana roja. La estrategia judicial está clara: apelación, Cámara Civil, Corte Suprema y, si hace falta, juicio ante el Tribunal Intergaláctico. Mientras tanto, el hincha promedio solo quiere saber si el domingo hay fútbol o si vamos a tener que ver un streaming de los abogados discutiendo el artículo 4 del estatuto bajo la lluvia.