Los dueños de la droguería Suizo Argentina —Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan— formularon, a través de su abogado defensor Martín Magram, un pedido de “nulidad absoluta” de la causa vinculada con los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestas coimas que alcanzarían a funcionarios como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
La defensa invocó la conocida doctrina del “fruto del árbol envenenado”, alegando que la investigación se basa en una prueba obtenida ilegalmente. Alegan que ello contamina todo lo que de ella deriva, tornándolo inadmisible en el marco de un proceso justo y legítimo.
En su presentación, el letrado sostiene que dicha causa se desarrolló con una “violación flagrante al derecho de defensa en juicio” para sus representados. A juicio de la defensa, la instrucción judicial sostuvo una “verdadera caza de brujas”, utilizando grabaciones “adulteradas y obtenidas de forma ilícita” —“para el caso de que sean verdaderas”— y que darían base a una denuncia penal de claro corte político, cuya incorporación al expediente incluso podría estar ausente.
El escrito continúa: “Aun cuando este letrado desconoce por completo el expediente respecto al cual su nulidad se impetra, siendo que el mismo ha sido sustanciado a espaldas de la defensa desde su inicio impidiendo el correcto ejercicio del derecho de defensa, el estupor causado por el avasallamiento de derechos esenciales de mis pupilos me conmina a aventurarme en este pedido, con escasa información extraída de la prensa y el radio pasillo”.
En otro tramo, la presentación critica los procedimientos del caso, advirtiendo sobre “el oscurantismo, la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho”.
El origen de la causa remite a una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, tras la difusión de audios en los que Spagnuolo menciona retornos en compras realizadas por ANDIS. Según esos registros, se alude a compras efectuadas a la droguería Suizo Argentina, principal proveedor del organismo estatal, lo que motivó diversas inspecciones judiciales y allanamientos.
Los audios implican directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente, y a su asesor Eduardo “Lule” Menem, al tiempo que ponen bajo la lupa los contratos vinculados a la entidad estatal.
La estrategia de la defensa
Al invocar la invalidez total del proceso, la defensa apunta a que todo lo derivado de estas grabaciones —incluso si fueran auténticas— carece de validez legal, ya que su obtención no respetó las garantías procesales esenciales.
Un expediente en penumbras
El recurso expone una preocupación mayor: que el caso se tramitó sin plena transparencia, “a espaldas” de los imputados y de su defensa, lo que habría comprometido gravemente el principio del debido proceso.
Implicaciones políticas
El hecho de que se mencione a figuras cercanas al Gobierno —como Karina Milei y “Lule” Menem— le imprime al expediente un fuerte componente político, que, según la defensa, condicionaría de antemano el proceso.
Ahora, resta ver si el juez interviniente acepta la solicitud de nulidad absoluta. Mientras tanto, la defensa busca que este avance se convierta en una sólida barrera jurídica, que ponga en jaque todo lo actuado en torno a la causa.
