La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada este martes por el abogado Gregorio Dalbón por el presunto delito de abuso de autoridad. El eje de la denuncia se centra en la solicitud que la funcionaria realizó para allanar estudios de medios de comunicación y domicilios de periodistas, en el marco de una causa por presunto espionaje ilegal contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
La medida cautelar que encendió la polémica
Según se desprende del escrito presentado por Dalbón en los tribunales de Comodoro Py, Bullrich habría solicitado una medida cautelar sin precedentes: la prohibición de difundir, reproducir y/o circular audios o cualquier otro material derivado de la presunta operación de espionaje. Para el letrado, esta solicitud constituye un claro intento de censura previa, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional.
Dalbón apuntó que la iniciativa oficial “no solo se dirige contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a la totalidad de los medios de comunicación y plataformas digitales”, lo cual califica como una forma de censura indirecta y masiva.
Allanamientos a periodistas
Entre las medidas solicitadas por Bullrich figura el allanamiento de los estudios del canal Carnaval Stream y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros. La acusación de Dalbón señala que esta iniciativa busca amedrentar a la prensa mediante el uso de herramientas penales por parte del Estado.
En palabras del denunciante, el Gobierno Nacional, “a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación”, con la finalidad de “condicionar la libertad de prensa”.
Acusación por abuso de autoridad
Dalbón encuadró los hechos en el delito de abuso de autoridad y calificó la conducta de Bullrich como “un ejemplo paradigmático de extralimitación funcional”. En su denuncia, advirtió que el pedido de allanamiento a medios y el secuestro de equipos de trabajo representan órdenes manifiestamente contrarias a los preceptos constitucionales.
El abogado solicitó además que la ministra sea citada a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa, remarcando que “las acciones impulsadas por Bullrich configuran una vulneración grave a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada por abuso de autoridad tras solicitar el allanamiento de estudios periodísticos y domicilios de periodistas, en el marco de una investigación por presunto espionaje ilegal. El abogado Gregorio Dalbón sostiene que estas acciones representan un intento de censura previa, contrarias a la Constitución Nacional. Además, cuestiona una medida cautelar solicitada por Bullrich que implicaría la prohibición de difundir contenidos periodísticos relacionados con la causa.
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Si el periodismo argentino necesitaba una confirmación de que el siglo XXI venía con todas las temporadas de «1984» y «Black Mirror» en combo, Patricia Bullrich se la entregó envuelta en papel madera judicial. En un nuevo episodio de “La guerra contra el periodismo, edición deluxe”, la ministra de Seguridad no solo denunció por espionaje a medios y periodistas, sino que pidió allanar estudios, secuestrar equipos y, como broche de oro, prohibir la difusión de los materiales… porque claro, la libertad de expresión debe ser libre, pero no tanto.
La cosa venía densa: Bullrich presentó una denuncia por un supuesto espionaje ilegal a Karina Milei, y aprovechó para pedir que se clausure cualquier ventilación pública del tema. ¿Cómo? Con una medida cautelar de esas que harían sonrojar a cualquier censor de dictadura vintage: prohibición total de reproducir audios o cualquier contenido que huela a «operación ilícita». Todo muy democrático.
Del otro lado del ring, Gregorio Dalbón activó modo abogado indignado y la denunció por abuso de autoridad. Según él, esto no es solo una caza de brujas personalizada contra Jorge Rial y Mauro Federico, sino un «intento de censura masiva», de esos que te hacen mirar al Congreso y preguntarte si está funcionando el Wi-Fi o simplemente no escucharon nada.
La escena recuerda más a un sketch de Capusotto que a un acto de gobierno: una ministra queriendo allanar canales, prohibir audios y restringir la prensa en nombre de la seguridad nacional. ¿La próxima? Quizás pida que los micrófonos tengan GPS y los micrófonos de solapa vengan con chip de rastreo. Por las dudas, apague su grabadora, o al menos póngale una bufanda, que el clima institucional viene helado.
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