La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia penal contra la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y su obra social, Unión Personal, por presuntas “prácticas extorsivas” hacia empleados públicos. La acusación central apunta al cobro de aranceles diferenciados o “plus” ilegales a los afiliados para acceder a prestaciones médicas.
La acusación de ATE
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que miles de trabajadores deben pagar sumas adicionales pese a que las prestaciones ya están cubiertas por los aportes obligatorios. “Es una estafa lisa y llana. Se apropian de manera indebida de los aportes de los trabajadores y, como si fuera poco, les cobran un plus para poder atenderse”, denunció.
Según el gremio, la situación no es aislada sino parte de una práctica sistemática en la red de prestadores de Unión Personal en todo el país, lo que impacta directamente en el acceso a la salud de los afiliados y sus familias.
El marco legal
La presentación judicial se ampara en la Ley 23.660 de Obras Sociales, que regula la actividad y prohíbe expresamente el cobro de cualquier arancel fuera de los fijados por la Superintendencia de Servicios de Salud. La norma busca garantizar la equidad y el acceso universal al Programa Médico Obligatorio (PMO).
Especialistas en el sector sanitario señalan que el cobro de plus es una práctica extendida, pero remarcan que es responsabilidad de las obras sociales asegurar que sus afiliados no sufran estos pagos ilegales.
Silencio de los acusados
Hasta el momento, ni UPCN ni Unión Personal emitieron un comunicado oficial en respuesta a la denuncia. Se espera que en los próximos días presenten su postura. La acusación no solo tiene derivaciones judiciales, sino que además profundiza la disputa entre los dos gremios mayoritarios del sector público, que suman así un nuevo capítulo a una larga rivalidad por la representación de los trabajadores estatales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció penalmente a UPCN y a su obra social, Unión Personal, por presuntas prácticas extorsivas y cobros ilegales a sus afiliados. Según la presentación judicial, miles de empleados públicos deben pagar aranceles diferenciados para acceder a prestaciones médicas ya cubiertas por sus aportes. La acusación se fundamenta en la Ley 23.660 de Obras Sociales, que prohíbe expresamente este tipo de cobros. Ni UPCN ni Unión Personal respondieron aún a la denuncia, que profundiza la interna sindical del sector público.
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Zappo te lo cuenta
En la telenovela eterna de la interna sindical estatal, el capítulo de esta semana trae un nuevo condimento: ATE acusando a UPCN y a su obra social de cobrar “plus” ilegales. No es precisamente un giro inesperado: si un guionista quisiera retratar el sistema de salud argentino, escribiría exactamente lo mismo. Médicos que te cobran lo que quieren, afiliados que pagan dos veces, sindicatos que se acusan entre sí, y una Justicia que recibe denuncias como quien colecciona figuritas difíciles.
Rodolfo Aguiar, con tono de fiscal televisivo, salió a gritar que lo de Unión Personal es “una estafa lisa y llana”. Y hay que reconocerle el énfasis: lo dijo como si estuviera revelando un secreto de Estado y no una práctica que millones de argentinos conocen cada vez que van a una guardia y les piden la tarjeta… y unos billetes extra. Lo interesante es que ahora el conflicto dejó de ser un rumor de pasillo y se transformó en expediente judicial: los gremios más grandes del sector público se cruzan denuncias como si fueran cartas en un truco de barrio.
Mientras tanto, los afiliados quedan en el lugar más incómodo: pagar, protestar o directamente resignarse. Porque si no abonás el plus, la atención puede convertirse en un via crucis que ni el Programa Médico Obligatorio parece salvar. Y ahí es donde la ironía alcanza su punto más alto: el Estado, a través de la ley, garantiza que esto no debería pasar; pero el mismo Estado, a través de su laberinto sindical y de obras sociales, se encarga de que pase todos los días.
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