El Gobierno nacional reglamentó este martes el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), que tiene por objeto resolver conflictos entre pacientes y prestadores de salud sin necesidad de pasar por la Justicia.
Un sistema alternativo frente al aluvión de amparos
La creación de PROMESA responde a un incremento abrupto de demandas judiciales: en 2024 se registró un aumento del 471,79 % en los amparos presentados por usuarios del sistema de salud sin respuestas, en comparación con 2023.
Este nuevo procedimiento, de carácter prejudicial y optativo, permite que las controversias con obras sociales, prepagas y prestadores se resuelvan de manera ágil, sin intervención judicial directa, salvo casos de urgencia o emergencia médica.
Trámites digitalizados y mediadores especializados
La inscripción y gestión de mediadores se realizará a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), suprimiendo la necesidad de trámites presenciales.
Los mediadores deberán contar con una matrícula diferenciada y cumplir con requisitos como antigüedad mínima y no registrar sanciones vigentes. Los ya inscriptos a nivel provincial podrán integrarse al registro nacional si cumplen con esos requisitos y abonan la matrícula anual correspondiente.
Honorarios e incentivos
Los mediadores percibirán honorarios equivalentes al ítem I de la escala aprobada por el Decreto 1467/2011, sin relación con el monto en disputa. Si la mediación culmina con acuerdo, el monto puede aumentar hasta cinco veces, en función de la especialización requerida.
En caso de que no haya acuerdo, el pago será cubierto por el Fondo de Financiamiento previsto en la Ley 26.589. El reembolso se deberá realizar por el prestador sancionado judicialmente, o por el reclamante si no inicia acción judicial dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre de la mediación.
Objetivos y alcance
El PROMESA busca facilitar la resolución de reclamos sanitarios de forma eficiente, accesible y más barata, evitando la judicialización masiva de los conflictos.
Las mediaciones se llevarán a cabo en la jurisdicción federal correspondiente al domicilio del reclamante, asegurando acceso territorial federal al mecanismo.
